Lunes 21 DE Mayo DE 2018
Opinión

Salud, pensiones e informalidad

En Guatemala el IGSS se fundó en octubre de 1946, con la misión de ofrecer servicios de salud a los trabajadores afiliados y a sus familias.

— Roberto Blum
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En el 2014, ochenta y tres por ciento de la población económicamente activa (PEA) de Guatemala trabajaba en la informalidad, según datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). La cifra es aún más dramática, si se considera que en 1980 la cifra de los trabajadores informales era menos del 65 por ciento. Algo grave ha pasado en estos últimos años. Algo no está funcionando bien en este país.

Esta preocupante situación motivó la reflexión e investigación de Alfonso Abril, que esta semana presentó un libro en el que propone cambios importantes al sistema de la seguridad social que el Estado brinda a los ciudadanos. El problema es grave, sin duda, ya que no se trata solo de la informalidad en el trabajo y la economía, sino también del síntoma de una dolencia social e institucional más profunda. Alfonso cree que es el futuro del país y sus habitantes lo que realmente está en juego.

Si bien los problemas de la seguridad social guatemalteca pueden ser quizá más graves que en otras latitudes, el esquema y los supuestos básicos sobre los que se monta el aparato de la seguridad social que brinda el Estado son los que en realidad están mostrando sus límites y alcances en todos los países del planeta.

En Alemania y Francia se establecieron sistemas de seguridad social a finales del siglo XIX; en los Estados Unidos en los años treinta del siglo pasado; en México en 1943 y en Guatemala el IGSS se fundó en octubre de 1946, con la misión de ofrecer servicios de salud a los trabajadores afiliados y a sus familias, y asegurarles una pensión adecuada al término de su vida laboral. Sin duda se trata de propósitos muy loables. Sin embargo, la realidad demográfica mundial ha alcanzado a estos sistemas construidos sobre previsiones ya superadas por los avances médico-tecnológicos y la llamada transición demográfica, resultado de la rápida urbanización en todo el planeta.

En todo el mundo la población está envejeciendo y la expectativa de vida es cada vez más alta. Esto significa que hoy hay más viejos que requieren atención médica y que cobran sus pensiones por más tiempo que lo calculado hace unos setenta u ochenta años, cuando se organizaron la mayoría de los sistemas actuales de Seguridad Social. Pero aún más grave es que la proporción entre los trabajadores en activo y los que han pasado al retiro es cada vez menor. Generalmente, las familias urbanas tienen menos hijos. Para colmo, el crecimiento de la economía mundial parece estar estabilizándose en niveles inferiores a los esperados. Parece evidente que hay que reinventar los sistemas de Seguridad Social.

Alfonso Abril lo intenta con su propuesta para Guatemala. En su libro, titulado Del monopolio a la libertad, presenta datos duros sobre los problemas a los que se enfrenta el IGSS: una investigación sin duda valiosa y necesaria, pero más interesantes y valiosas son las dos propuestas que él mismo hace, sostenidas en los principios “del respeto a la libertad de asociación, a la propiedad privada y a la libre competencia”. Así, la primera y más radical es “eliminar la obligación de cotizar en el IGSS… Cada trabajador tendría la posibilidad de decidir libremente si contribuye o no al régimen”. La segunda es desmonopolizar las funciones que hoy monopoliza el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y permitir que haya competencia entre distintas aseguradoras de salud y administradoras de fondos de pensiones, para que los trabajadores puedan decidir con quién quieren depositar la seguridad de su salud y de su futuro bienestar en la vejez.

Dos propuestas que bien vale la pena considerar y discutir. ¡Felicidades, Alfonso!