Miércoles 24 DE Abril DE 2019
Opinión

Tres demandas del mes que la CC debe declarar con lugar

La suspensión de la consulta popular además nos ahorraría trescientos millones de quetzales que deberían ir a mitigar el hambre y la desnutrición.

— Fernando González Davison

Este mes se presentaron tres demandas a la Corte de Constitucionalidad contra varias decisiones del Congreso, el Ejecutivo y el Tribunal Supremo Electoral. Los engranajes del sistema corrupto se han comenzado a mover para que se declaren sin lugar, mientras es acechada la clase política por el dúo MP-CICIG, que hace lo imposible para que nada cambie, pero está cambiando, como lo estamos presenciando.

La primera demanda de marras fue el amparo presentado por Acción Ciudadana ante la CC que denunció diversos vicios en la elección de la junta directiva recién electa en el Congreso, por lo que solicitó la anulación de la votación que los eligió. La demanda se sustenta en que la planilla ganadora fue integrada por cuatro diputados tránsfugas, lo que contraría a la Ley Electoral en su Artículo 205 que les prohíbe ocupar cargos en la directiva, ni en comisiones de dicho ente. Más claro no puede ser y el amparo debería declararse con lugar lo antes posible.

También el amparo en contra de la decisión del presidente Morales del 27 de diciembre pasado, avalada por Cancillería, de trasladar la embajada guatemalteca de Tel Aviv hacia Jerusalén. Uno de los aspectos que motivó la acción fueron las declaraciones que Morales mencionó sobre la religión para tomar esa decisión. El amparo indica que la decisión la tomó con base en sus creencias religiosas de “cristiano evangélico”, por lo que su decisión política fue una violación al principio de separación de la Iglesia y del Estado que por ley es laico y no se favorezca a un culto en particular.

El siguiente memorial ante la CC fue en contra el Decreto 1-2017 del Tribunal Supremo Electoral, porque se está haciendo la consulta sin que haya un acuerdo definitivo con Belice como indica el Artículo 19 transitorio de la Constitución, que señala: “El Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales. Todo ACUERDO DEFINITIVO deberá ser sometido a consulta popular”. Y la pregunta del Tribunal Supremo Electoral de dicho decreto al pueblo no refleja un acuerdo definitivo sobre fronteras ni nada parecido. Esto se observa en la pregunta que el TSE hará al pueblo: “¿Está de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que esta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes?”

Allí no hay nada definitivo ni certeza jurídica como puede leerse. No dice que haya una consulta previa, pues no hay un acuerdo definitivo aún como reza la Constitución. Además, Belice podría decir no, que es lo más probable, y no se irá entonces a la Corte Internacional de Justicia. Eso es ambigüedad y nada definitivo. Entretanto, la Cancillería ya está trabajando para que se defienda ante los medios el traslado de la embajada a Jerusalén y que justifique con malabarismos y galimatías la consulta popular sobre Belice. La suspensión de la consulta popular además nos ahorraría trescientos millones de quetzales que deberían ir a mitigar el hambre y la desnutrición ante el subdesarrollo en que nos ha condenado la corrupción de la clase política.

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