Domingo 18 DE Febrero DE 2018
Opinión

Justicia, no impunidad

Ojalá que la indignación colectiva contribuya a consolidar un movimiento transformador.

— Anamaría Cofiño K.
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Ante nuestros ojos se está conformando un equipo que tiene como misión convertir a Guatemala en su personal fuente de poder, recurriendo a la violencia si lo consideran necesario, para cumplir sus objetivos. No se puede creer que hayan reunido a tanto personaje patético, tanto inepto y transa, en torno a una figura que no posee los mínimos requisitos para asumir un cargo de responsabilidad como es la presidencia.

Enterarnos de sus cotidianas estupideces y abusos, verlos poner en práctica estrategias de consecuencias nefastas para el futuro, causa profunda preocupación. En su difuso proyecto de gobierno, predomina la economía de mercado, la desregulación, las privatizaciones de los servicios públicos, la especulación y la acumulación. Es decir, el despojo. Su meta es ampliar los márgenes de explotación para robustecer sus privilegios. Para nada está en sus planes resolver las necesidades básicas de la población.

El actual gobierno, conformado y respaldado por grupos ligados al crimen organizado, cuenta con apoyo de los sectores de la economía tradicional que utilizan al Estado para realizar sus negocios, muchos de ellos ilegales, otros legalizados, pero letales, como la explotación de los bienes de la naturaleza y de las personas.

Es lamentable que la alta dirigencia económica del país esté aprobando, con su vergonzante silencio, la imposición de un régimen espurio que viola las leyes, comete arbitrariedades y oculta crímenes para evitar que la justicia ponga fin al robo de dimensiones estratosféricas que se está llevando a cabo.

La impunidad es una serie de mecanismos que permiten cometer delitos sin temor a recibir castigo. Se sostiene sobre una cultura que naturaliza y acepta la corrupción, recurriendo a la difusión de creencias religiosas fundamentalistas para sostener las injusticias que se cometen. Este gobierno promueve la impunidad abiertamente, al evadir su responsabilidad en la masacre del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en el que murieron 41y niñas que venían padeciendo abusos de parte de la institución que debía garantizarles condiciones óptimas de cuidado.

La persecución judicial a la oposición, los ataques a quienes denuncian las violaciones y reclaman el cumplimiento de los derechos humanos, son medidas para impedir el ejercicio democrático que este gobierno ha puesto en práctica abiertamente. La reciente captura arbitraria de María Choc, luchadora q’eqchi’ quien ha apoyado la defensa de los territorios y las poblaciones, es un ejemplo claro de su forma violenta de operar. Me uno a quienes exigen su inmediata liberación.

 Lo poco que se ha avanzado como sociedad para identificar aparatos del crimen organizado, corregir las grandes fallas institucionales, mejorar la atención a la ciudadanía, recuperar la confianza en el Estado y consolidar la democracia, está en peligro por la voracidad de estos grupos insaciables de poder. Como personas conscientes, deseosas de construir una sociedad armónica, nos toca organizarnos para defender nuestros derechos comunes y trabajar en torno a la transformación de este sistema aniquilador. Guatemala necesita justicia, no impunidad.