Sábado 20 DE Enero DE 2018
Opinión

El Congreso tiene un chance

Frente al asalto de las mafias.

— Édgar Gutiérrez
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A Jimmy Morales no hay que preguntarle sobre la agenda del Congreso en 2018, ni acerca del riesgo que constituye para el Estado democrático el control de la Junta Directiva por parte de representativos de las mafias. A Jimmy Morales solo le interesa que un presidente del Congreso afín y sus diputados aliados impidan a toda costa que otro eventual antejuicio en su contra prospere. Pero, a diferencia de septiembre de 2016, cuando le resultó relativamente fácil construir un pacto de impunidad, cuyos frutos cosechó el 11 de septiembre de 2017, ahora se le ha complicado.

La primera planilla oficialista, avalada por Jimmy Morales y que se consideraba segura ganadora, estuvo encabezada por Francisco Tambriz (Alianza Ciudadana) y secundada por Felipe Alejos (Todos), Javier Hernández (FCN) y Alejandra Carillo (Movimiento Reformador). A pesar de las promesas pecuniarias, en la votación del 5 de diciembre pasado obtuvo apenas 65 de los 80 votos indispensables. A partir de entonces se han combinado varias fórmulas sin que, hasta hoy, cuajen. Teóricamente no logran la mayoría.

La opción que con más ahínco se ha trabajado es la encabezada por Manuel Conde, del PAN, siempre secundada por Alejos y Hernández. En algún momento también se consideró lanzar a Álvaro Arzú hijo. La ecuación no cuadra porque debería combinar dos factores: garantizar la inmunidad de Jimmy Morales y, a la vez, no ser considerado parte de la mafia. Y es que, como en cualquier análisis matemático, el logaritmo de la impunidad es la mafia. O sea, solo un presidente del Congreso asociado o comprometido con las redes criminales le puede garantizar impunidad a Jimmy Morales (y a otros).

Como ese juego ya está al descubierto, se abre el escenario de una Junta Directiva alternativa, que construya sobre tres pilares: a) la agenda sustantiva de reformas, que se relegó en 2017, b) una amplia coalición de fuerzas y diputados en lo individual, incluyendo unos pocos del FCN, interesados en recuperar la legitimidad del Congreso, que el año pasado cayó por los suelos, sobre todo después del 13 de septiembre, cuando por mayoría calificada se aprobó un oprobio de leyes para dejar vacías las cárceles, y c) la exclusión de los intereses mafiosos y pro-impunidad.

Esa alternativa de dirección del Congreso tiene como condición sine qua non la voluntad de la UNE, pero es insuficiente. Debe conjugarse con Encuentro por Guatemala, Creo y Viva, Convergencia, URNG, Winaq y Fuerza, una mayoría de los diputados independientes y porciones del MR, Todos, UCN y, por qué no, más de alguno de FCN. La línea divisoria entre las fuerzas oficialistas del FCN, AC, PAN y el resto de sus aliados, con la alternativa independiente es, a todas luces, la lucha contra la corrupción, expresada en reformas que modernicen el Estado y su economía. El gobierno de Jimmy Morales y sus aliados está plenamente decantado a favor de la impunidad y las mafias, por eso el camino alternativo no se pierde.

Los pesimistas sobre la eventual recuperación del Congreso de la República deben recordar que esta misma legislatura –incluyendo algunos ya depurados judicialmente- es la que aprobó unas cuarenta leyes sustantivas en 2016. Es cierto que sacó el cobre el 13 de septiembre de 2017 y su escaso prestigio se vino a pique. La diferencia fue una: el liderazgo. Jimmy Morales no pesó en 2016, pero sí Mario Taracena, y cuando Morales decidió usar el poder presidencial en 2017, y en lo poco que va de este año, ha resultado nefasto.