Domingo 10 DE Diciembre DE 2017
Opinión

Presupuesto del Congreso

— Editorial
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Ha trascendido que el Presupuesto de Gasto del Congreso para el año entrante se fijó en Q913.3 millones.

Además de que es un presupuesto abultadísimo para mantener a los 158 diputados y a la enorme y costosa burocracia del Congreso (secretarias, asesores, asistentes, guardaespaldas, oficinistas, choferes y demás), así como los viajes, viáticos, gasolina, gastos de representación, alimentación, vehículos y demás gastos de apoyo a los congresistas, resulta hasta insultante si lo comparamos con las asignaciones presupuestarias para satisfacer otras necesidades públicas. Veamos algunas.

El Sistema Penitenciario, que está en condiciones muy precarias y muy lejos de cumplir con la obligación de rehabilitación y reencauzamiento de los privados de libertad, tiene una asignación de Q541.9 millones, es decir la mitad del presupuesto del Congreso.

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, que tiene a su cargo la reclusión de los menores infractores o en conflicto con la ley penal, así como los niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad, tiene una asignación presupuestaria de Q224.9 millones, o sea la cuarta parte de lo asignado al Congreso.

La Contraloría General de Cuentas, a cargo de la fiscalización de todos los organismos, entidades y dependencias en el sector público, tiene una asignación presupuestaria para gasto de Q335.1 millones, es decir la tercera parte de lo que se gasta el Congreso.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación tiene una asignación presupuestaria de Q1,085.2 millones, o sea apenas Q172 millones menos de lo que se asigna al Congreso.

Por otro lado, el Instituto de la Defensa Pública Penal, que tiene a su cargo la importante tarea de la defensa penal de oficio, que debe equipararse a la acusación penal a cargo del Ministerio Público, apenas recibe Q205.6 millones, o sea casi la quinta parte de lo que se asigna al Congreso.

Todas las Secretarías de la Presidencia y las dependencias del Organismo Ejecutivo reciben Q1,287.6 millones, o sea apenas un 40 por ciento más de lo que se gasta el Congreso.

Con esto más, el Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo del Congreso es uno de los más gravosos para el Estado, y debe tenerse presente que el mismo sentó un precedente de despropósitos para los otros organismos, entidades y dependencias estatales. Por cierto, cabe recordar que estas “negociaciones colectivas”, muchas de ellas en contravención de la Constitución y de la razonabilidad, se han convertido en un verdadero problema para las finanzas públicas, las que siempre son insuficientes, demandantes y, por supuesto, el “caballito de batalla” preferido de los insaciables militantes tributarios.