Viernes 21 DE Septiembre DE 2018
Opinión

La revocatoria de mandato una exigencia ciudadana que hay que atender

Los electos por el soberano, deben entender que la representación delegada no es un cheque en blanco y un derecho de piso para hacer lo que les venga en gana.

— Manfredo Marroquín
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Esta semana el Tribunal Supremo Electoral entrega a la comisión legislativa de reforma electoral la propuesta de cambios sugeridos por el ente especializado que además recibió docenas de propuestas provenientes de organizaciones civiles que como nunca antes, exigen cambios sustantivos al sistema político-electoral.

Una de las propuestas planteadas por Acción Ciudadana es la revocatoria de mandato aplicable a los cargos de elección popular; a saber, presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes, los cuales podrían ser removidos del cargo cuando un grupo representativo de ciudadanos que los eligió active su derecho de petición.

La base para incorporar este mecanismo democrático a nuestro sistema electoral es simple y llano: el mismo conglomerado ciudadano que delega la representación en un acto electoral es quien la puede retirar en otro similar, sin tener que soportar una traición traducida en una mala gestión durante todo el periodo establecido para dicha representación, que en nuestro caso son cuatro años para cada cargo de elección popular.

Vemos cómo hace tan solo una semana, autoridades y comunitarios indígenas del departamento de Totonicapán, acudieron a diferentes instancias a presentar un petitorio donde exigen la renuncia de los cuatro diputados distritales que corresponde elegir a ese departamento, argumentando que ya no se sienten representados por quienes ocupan dichas curules y que no gozan más de la confianza ciudadana para seguir representándoles.

La demanda está respaldada por casi 40 mil firmas, un numero por demás superior al obtenido para lograr una de esas curules y suficiente para activar el mecanismo de revocatoria si este estuviese integrado a nuestra legislación. El mismo pueblo que les eligió en este caso, activa su poder soberano para retirarles la representación que malgastaron y traicionaron.

Los electos por el soberano, deben entender que la representación delegada no es un cheque en blanco y un derecho de piso para hacer lo que les venga en gana, como en este caso les es reclamado a estos diputados al haber votado en favor del “pacto de impunidad” el pasado 13 de septiembre, día que desde entonces fueron declarados no gratos en sus respectivas comunidades.

Con la incorporación de la revocatoria de mandato, las comunidades de Totonicapán no tendrían que andar de institución en institución presentando su legítimo petitorio, pues con las firmas que han reunido en este caso, sería suficiente para que el TSE activara el mecanismo en respuesta a su demanda.

Las protestas ciudadanas que exigen la renuncia del mismo presidente de la Republica podrían canalizarse activando este mecanismo y que sabiendo su probable implementación quizá podría cambiar el rumbo equivocado y torcido que ha tomado.

Los abusos y atropellos cometidos desde el poder históricamente y el denominado periodo democrático no ha sido la excepción, tienen su razón de ser en esa idea arraigada profundamente en la cultura política nacional, de que una vez electo, se puede hacer y deshacer lo que venga en gana, sin importar el descontento y rechazo popular.

Este mecanismo propuesto si es aprobado junto al voto preferente y la distribución de nuevos distritos electorales para elegir a los diputados, corregiría el desbalance de poder que ocurre actualmente, cuando sabiéndose electo, el representante se desvincula de sus votantes haciendo con la representación su propia voluntad, la cual con dicho mecanismo en marcha le podrá ser retirada cuando el soberano decida que ya no es digno de representarle.

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