Sábado 17 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Las elites en un parteaguas

La implantación del Estado de derecho.

— Édgar Gutiérrez
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Vivimos un periodo excepcional. Cuando los historiadores lo escudriñen dentro de cincuenta o cien años descubrirán de manera nítida los retratos fieles de nuestras elites permanentes. Y es que los periodos de crisis tienen la cualidad de extraer la esencia de las elites, con sus virtudes y miserias. De estas elites, en los periodos de ruptura, se desprenden unas minorías visionarias que con coraje asumen su rol dirigente. Hacen trizas el enorme cartel de horizonte falso que nos distrajo por décadas, mientras lamentábamos nuestra mala suerte, sin ver (apenas sospechando) la trama oculta de la captura del Estado y su posterior cooptación.

Así, de los 158 diputados, seis alzaron la voz esta semana para enarbolar incondicionalmente la agenda del cambio. Entre ellos hay de izquierda, del centro político y de la derecha moderada, tal como corresponde a la época y la naturaleza de la crisis. Esos seis parlamentarios son el nuevo referente del cambio, de la misma manera que el viejo orden tiene sus propios nombres al mando de diferentes bancadas. De las elites económicas tradicionales, se desprendió un puñado para decir las cosas sin ambages: “Porque estamos en contra de la corrupción, apoyamos la CICIG y el MP.” De las viejas y también corrompidas estructuras sociales y académicas se han desprendido cuadros, dirigentes y estudiantes universitarios portadores de la renovación.

Atravesamos una crisis de implantación del Estado de derecho. Podría pensarse que esto se refiere solo a asuntos legales, de abogados y tribunales y, por tanto, condenas, cárceles y persecución judicial. Pero esa es apenas la referencia formal y ni siquiera la más relevante. La esencia del cambio está en la convicción y la voluntad, así como en el núcleo duro de la resistencia a un nuevo ordenamiento que le dé sentido a los conceptos que gobiernan esta época –mercado y democracia-, está arraigado también en la conciencia. La crisis de implantación de la ley es una crisis que poblará los años de una generación entera, impactando el orden político, jurídico, económico y social.

Álvaro Arzú y sus servidores –entre lo más perverso que medró de la guerra civil de exmilitares y exguerrilleros- son el prototipo de ese viejo sistema, en apariencia, irreductible. Ese señor condensa el poder político y económico desde 1980, y su grupo le sigue. Para perpetuar sus privilegios están dispuestos a todo. Empezaron con campañas mediáticas y en redes sociales. Han seguido con denuncias espurias en los tribunales y onerosas operaciones de cabildeo en Washington. Continúan con vigilancias y tendidos (trampas, emboscadas) en contra de quienes califican de “enemigo”. Y desde hace ratos les comen las manos por volver a las viejas prácticas de eliminación. Últimamente han pactado para crear una crisis económica artificial sacrificando lo que siempre sacrifican, los puestos de trabajo.

“¿Cuál es la batalla de Guatemala en estos tiempos?”, me preguntó hace poco un periodista extranjero. Eliminar las perversiones –le respondí. Que el político exprese los intereses de sus votantes, y no pretenda hacer negocios con la política. Que el empresario haga negocios en el mercado y no corrompiendo al Estado, sea mediante contratos o enderezando persecución en el MP y la SAT en contra de sus competidores comerciales. Liberarnos, finalmente, de la asfixia del modo de ser oligarca en la República, tras 200 años de vasallaje.

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