Sábado 18 DE Noviembre DE 2017
Opinión

El buen juez

La ley vive cuando es aplicada por los tribunales.

 

— MARIO FUENTES DESTARAC
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Los juzgadores (magistrados y jueces) juegan un papel fundamental en la construcción de un sistema de justicia eficaz, que, inequívocamente, es la columna vertebral del Estado de Derecho, que se traduce en el imperio de la ley.

Corresponde a los juzgadores la administración de justicia pronta y cumplida, que supone, a través de un debido proceso, dirimir las controversias y disputas entre partes contendientes, restablecer la juridicidad quebrantada y garantizar la paz social mediante la resolución pacífica de los conflictos.

Son los magistrados y jueces, a través de sus sentencias, los que dan vida a la ley. En todo caso, puede haber buenas leyes, pero si las mismas no se hacen valer mediante fallos justos recaídos en los casos concretos, es como si las leyes no existieran. La ley vive no cuando es escrita o publicada, sino cuando es efectivamente interpretada y aplicada por los tribunales.

Si, por el contrario, los ciudadanos interesados invocan la aplicación de la ley, pero los tribunales no cumplen u observan los mandatos legales, entonces no se imparte justicia y los ciudadanos quedan defraudados y frustrados, así como proclives a hacer justicia por propia mano, que es la génesis de que el más fuerte imponga su derecho, de la venganza, de la violencia, del linchamiento.

De ahí la importancia de la calidad de quienes administran justicia, de quienes interpretan y aplican la ley en los casos concretos. Esta noble misión debe estar a cargo de profesionales que, además de capaces, idóneos y honrados, tengan firmeza y entereza, lo que implica que sean valientes y no cobardes, así como audaces y no miedosos, y estén conscientes de la gran responsabilidad que pesa sobre sus hombros y de la contribución determinante que deben hacer para que los ciudadanos confíen en la justicia oficial para resolver sus diferencias y castigar a los delincuentes o infractores de la ley.

La magistratura y la judicatura no deben ser vistas como otras plazas burocráticas más ni ser ocupadas por gente mediocre, improvisada o nombrada a dedo, sino más bien por personas escrupulosamente seleccionadas y que estén dispuestas a consagrar su vida profesional a impartir justicia. En todo caso, tanto la magistratura como la judicatura deberían ser ambicionadas por el prestigio, la dignidad y el reconocimiento inherentes a las mismas, y no simplemente por la remuneración económica, como sucede en otros países en donde ser juez es un altísimo honor y ser magistrado es, prácticamente, la culminación de la vida de un abogado honorable, responsable y altamente calificado.

Sin duda, entonces, el desafío más importante de nuestro sistema de justicia es establecer un proceso de selección de los juzgadores, mediante el cual se asegure que solo ocuparán y conservarán los cargos aquellos abogados que tengan la vocación de juzgar, que se sometan a escrupulosos procesos de selección por oposición sustentados en el mérito, la excelencia y la ética, así como que estén sujetos a una rigurosa y exigente carrera judicial en la cual inviertan mucho tiempo, esfuerzo, sacrificio y preparación, de tal manera que dicha inversión sea tan grande y valiosa para el profesional del Derecho que se convierta en un fuerte disuasivo para que no caiga fácilmente en la tentación de la corrupción y la iniquidad.

De suerte que la selección por oposición y la carrera judicial son las fórmulas para evitar la politización de la justicia y la judicialización de la política, así como para garantizar juzgadores independientes, imparciales, neutrales al juego político partidista y respetuosos de la ley.