Lunes 10 DE Diciembre DE 2018
Opinión

Trabajo doméstico

No más ostracismo y esclavitud estatal y societal para las trabajadoras del hogar.

 

— Franco Martínez Mont
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Mientras las propuestas de reforma electoral erotizan los imaginarios de la ciudadanía urbana, la piramidal estructura económica del país se consolida y se expande en detrimento de los derechos humanos, (exenciones fiscales para maquilas y call centers, sociedades offshore y trabajo parcial), donde el trabajo doméstico reconfigura la matriz de explotación laboral –un promedio de 14 horas diarias–, en el caso guatemalteco revestida de racismo y discriminación.

Las trabajadoras domésticas históricamente han estado confinadas al destierro e invisibilización estatal, desprovistas del sistema de protección social –las hordas farmacéuticas andan tras su privatización total–, son víctimas de violencia de género y están sometidas a un régimen semiesclavista por las castas ladino/mestizas, urbano-céntricas y clasemedieras/altas.

Para la institucionalidad pública no son una prioridad, esta más bien contribuye al apartheid político de este sector al no concebirlas como sujetas de derechos socioeconómicos y políticos, no son beneficiarias de ninguna política pública –el Programa Especial de Prevención para la Trabajadora de Casa Particular no tiene cobertura a nivel nacional y las excluye de Invalidez Vejez y Sobrevivencia–, además adolecen de un marco legal que las ampare ante los atropellos de los empleadores.

Los datos son crudos para las trabajadoras domésticas. Según la Encovi 2016, en Guatemala hay 242 mil trabajadoras del hogar, de las cuales nueve de cada diez son mujeres y una de cada diez son mujeres jóvenes, indígenas, inmigrantes internas, la mayoría desplazadas por los polos de exclusión y violencia a nivel territorial.

 La disputa se encuentra ahora en el Congreso, hay mucha oposición del Pacto de Corruptos para aprobar la iniciativa de ley 4981 que busca la ratificación del Convenio 189 y de la recomendación 201 de la OIT sobre “Trabajo decente para el Trabajo Doméstico”, un marco normativo para garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.

Finalmente, la gestión política de la sociedad civil en el Congreso debe ser contundente para que se apruebe dicha ley, con lo cual se lograría la asignación de un salario justo y decente para las trabajadoras del hogar –partiendo del salario mínimo vigente–, el establecimiento de la jornada de trabajo y reconocimiento del pago de horas extras, la cobertura del IGSS, la protección de la niña y la adolescente menor de edad en trabajo doméstico y la protección e igualdad para las trabajadoras migrantes en el país.

framont@gmail.com

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