Jueves 15 DE Noviembre DE 2018
Opinión

La autoridad electoral debe responder

— editorial
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En el foro denominado “El financiamiento privado de la política en Guatemala y sus efectos en la democracia”, organizado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a finales del mes pasado, la Magistrada Presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Mijangos, expresó que “el sistema político desafortunadamente se ha degradado, hay un crecimiento desmedido del financiamiento de campaña, candidaturas compradas, clanes familiares, dignatarios y alcaldes que se perpetúan en sus posiciones sin proporcionar al país ejecutorias dignas y prepositivas; además de inexistentes estructuras partidarias, se carece de planes de gobierno, serios e integrales”.

Asimismo, la Presidenta del TSE dijo que en cada período electoral ha observado en las estrategias de campaña de las agrupaciones políticas la manera en que se transforman y absorben sumas millonarias de dinero en las mismas.

Agregó la magistrada Mijangos que “Cada 4 años se presencian campañas políticas cada vez más costosas y diversificadas, pero vacías de contenido”.

Además, la presidenta Mijangos afirmó que la injerencia de financiamiento privado determina casi siempre las opciones y las candidaturas políticas.

Interesantes las apreciaciones de la Presidenta del TSE. Sin embargo, la percepción que tiene la ciudadanía de la actual magistratura del TSE es que no actúa conforme lo que dice en materia de fiscalización y sanción del financiamiento electoral ilícito. Es más, dicha magistratura ha sido acusada de parcialidad e inequidad a la hora de castigar a las organizaciones políticas por financiamiento electoral ilícito, que es un delito tipificado en el Código Penal.

La magistratura del TSE castiga con severidad a unos partidos políticos por financiamiento electoral ilícito, incluso con la cancelación, en tanto que a otros los perdona con cinismo. Se percibe que se sigue a pie juntillas la frase atribuida un exgobernante mexicano: “Todo el apoyo y la comprensión a mis amigos y todo el peso de la ley a mis enemigos”. ¡Qué tal!

Cabe recordar a los magistrados del TSE que la independencia, imparcialidad y neutralidad política en el ejercicio de la jurisdicción electoral (administración de justicia electoral) es fundamental para la vida democrática de una nación. Resolver con sesgo y parcialidad es la esencia del fraude electoral.

No es cuestión de que se emitan más regulaciones, como demanda la Presidenta del TSE cuando expresa que “por la compleja relación entre dinero y democracia es necesario regular el financiamiento electoral”, sino que el desafío está en que la autoridad electoral aplique la ley correctamente, con absoluta imparcialidad y haciendo caso omiso de preferencias personales o partidarias, así como de sesgos políticos o ideológicos.

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