Miércoles 21 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Un concepto compartido, ausente

— LIZARDO A. SOSA L.
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Los guatemaltecos no hemos logrado consensuar un concepto o modelo respecto de las políticas públicas y actitud ciudadana favorables al desarrollo económico, social, político y ambiental del país en el mediano y largo plazo.

Huérfanos del tal concepto, con frecuencia cuatri-anual sufrimos la deplorable invención del agua azucarada que intentan los gobiernos al inicio de su gestión cuando llegan con ideas al respecto, o presenciamos la búsqueda desordenada del que hacer del gobierno, cuando no se tiene idea de lo que se pretende. Frecuentemente experimentamos cambios de políticas en períodos más cortos de tiempo, acostumbrados ya a los “bandazos” que los gobiernos acostumbran no solo al inicio de su gestión, sea para imponer su propio estilo o capricho, o por el prurito de hacer algo diferente y distanciarse del gobierno anterior para echarle las culpas de todo, o presenciamos cambios repentinos de dirección obligados por circunstancias políticas difíciles, que dan pie para modificar incontrolada y a veces inmisericordemente las reglas de juego, generalmente hacia atrás –véase el despropósito emprendido por el partido UNE, relativo a la destrucción de los avances significativos en el ámbito de la calidad de nuestro sistema educativo. Otras veces es hacia adelante, o a la derecha e izquierda, indistintamente y que inevitablemente terminan impactando de manera desfavorable en las condiciones económicas y sociales presentes y ensombreciendo las posibilidades de desarrollo en el futuro.

La reciente solicitud hecha por el Presidente de la República a los miembros del Consejo Económico y Social (CES) para que este convoque a un diálogo sobre las políticas públicas en el ámbito económico y social, podría dar lugar a una conversación entre los sectores laboral, cooperativista y empresarial, que permita alcanzar entre ellos, acuerdos sobre lo que habría que hacer para enrumbar el desarrollo del país, en la esperanza de que la petición no sea, como muchos sospechan, una argucia para paliar la crisis existente sino que, por el contrario, constituya una expresión de voluntad política del Ejecutivo, de enderezar la acción estatal en búsqueda del bienestar de los guatemaltecos en el largo y mediano plazo.

Al respecto, el CES o cualquiera otra instancia que asuma ese importante objetivo, debe dedicar tiempo y esfuerzo para acordar un concepto compartido, útil para orientar políticas públicas con categoría de políticas de Estado caracterizadas por su sostenibilidad en el tiempo, proscribiendo los “bandazos” y los pasitos insostenibles seguidos de retrocesos lamentables. Por ello, respetuosamente sugiero atender al texto de nuestra Constitución Política, en la que subyace un concepto de desarrollo económico y social que conjuga la eficiencia económica en un mercado competitivo, con la práctica de una política social financiada por una buena política fiscal que se hace cargo de salvaguardar los derechos sociales de personas y grupos, promoviendo su incorporación a la economía competitiva y tanto bienestar como sea posible, gradual y progresivamente.

Se trata de contribuir al desempeño eficiente y competitivo de las empresas que están y deben estar a cargo de la actividad productiva de bienes y servicios útiles para la satisfacción de las necesidades de las personas y al ejercicio de su libertad y de su responsabilidad empresarial, y de un Estado que atiende con diligencia y pertinencia, los problemas de aquellos que en el punto de partida o temporalmente, precisan del auxilio subsidiario del Estado. A los detalles que el texto constitucional contiene respecto a este concepto, dedicaré atención en futuras entregas.

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