Jueves 24 DE Septiembre DE 2020
Opinión

Prohibición del matrimonio de menores de edad

Fecha de publicación: 01-11-17
Por: Editorial

En la edición del Diario Oficial correspondiente al 13 de septiembre de 2017, se publicó el Decreto 13-2017 del Congreso, mediante el cual se prohíbe el matrimonio de los menores de 18 años de edad.

El Decreto de marras se fundamenta en que “la excepción de edad para contraer matrimonio aún violenta los derechos humanos de la niñez y adolescencia, principalmente de las adolescentes y que su derogatoria contribuirá a su pleno y armonioso desarrollo”.

En todo caso, en dicho Decreto no se prohíbe la unión de hecho de menores de edad. Conforme la Constitución y el Código Civil, la unión de hecho es una alternativa de convivencia afectiva estable al matrimonio.

Efectivamente, el Código Civil dispone: “Los alcaldes o notarios no podrán aceptar declaración de unión de hecho de menores de edad, sin el consentimiento de los padres o del tutor o, en su caso, autorización del juez”. Por tanto, esta opción de unión afectiva sigue abierta.

Entendemos que el espíritu de la prohibición normativa del matrimonio de menores de edad es impedir que las niñas y adolescentes se casen y procreen, y con ello reducir el alto índice de embarazos de niñas y adolescentes.

Indudablemente, el alto índice de embarazos en niñas y adolescentes es un problema de enorme incidencia social y económica, que debe ser abordado con urgencia. Ahora bien, este problema no necesariamente se soluciona con la prohibición del matrimonio de menores de 18 años. Nos parece que la manera más idónea para solucionar esta problemática es la adecuada educación sexual.

La educación sexual se refiere “al conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo, el aparato reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción –y, más específicamente, la reproducción humana–, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los estudios de género y otros aspectos de la sexualidad humana, con el objetivo de alcanzar una satisfactoria salud sexual y reproductiva” (Wikipedia).

Los políticos creen que, a través de decretar disposiciones legales, se solucionan automáticamente los problemas sociales, económicos, políticos y culturales del país. No obstante, esto no ocurre así. Si así fuera entonces de un plumazo se podría erradicar la violencia, la pobreza, la discriminación, el desempleo, la corrupción y la impunidad.