Jueves 15 DE Noviembre DE 2018
Opinión

¿Un viceministerio de derechos humanos?

— Editorial
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La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), creada durante el régimen de Jorge Serrano Elías (1991-3), mediante el Acuerdo Gubernativo 486-91 de fecha de 12 de julio de 1991, es una dependencia de apoyo al Presidente de la República en la cuestión de derechos humanos.

En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio 2017, se asignó a la Copredeh un presupuesto de gasto que asciende a la suma de Q208.1 millones, lo que supone un aumento del 51 por ciento con respecto al presupuesto de gasto asignado para el año 2016 (Q137.8 millones), extremo que es ilegal, ya que no puede asignarse fondos a una comisión presidencial.

Por otro lado, la Copredeh ha venido actuando en representación del Estado der Guatemala en el plano internacional, específicamente ante los Sistemas de DD. HH. de la ONU y de la OEA, sin tener la representación legal del Estado, ya que esta le corresponde, con exclusividad, al Presidente de la República y al Canciller, conforme la Convención de Viena.

Es más, abogados de la Copredeh, en ejercicio de mandatos judiciales otorgados por el Procurador General de la Nación (PGN), quien tiene la representación del Estado en el plano nacional (no internacional), presuntamente sin instrucciones expresas e inequívocas del Estado, han otorgado y suscrito Acuerdos de Solución Amigable (ASA) ante la Comisión Interamericana de DD. HH. (CIDH), así como en nombre del Estado de Guatemala se han allanado a pretensiones de reclamantes en procesos ante la Corte Interamericana de DD. HH., lo que supone la renuncia en juicio del derecho de defensa del Estado, el cual es inalienable e irrenunciable.

En nuestra opinión, las actuaciones de los referidos mandatarios, y ahora las actuaciones del Presidente de la Copredeh (con base en el Acuerdo Gubernativo 266 de fecha 22 de septiembre de 2016), dentro de los procedimientos y procesos ante la CIDH y ante la Corte Interamericana de DD. HH., son nulas de pleno derecho, por falta absoluta de legitimación activa de los presuntos personeros del Estado. Por tanto, también son nulas ipso jure dentro de los indicados procedimientos y procesos las renuncias al derecho de defensa del Estado, el desistimiento de pruebas propuestas por Guatemala y los allanamientos a las pretensiones de los reclamantes.

En todo caso, es lamentable que la CIDH y la Corte Interamericana de DD. HH. no hayan verificado las credenciales de representación legítima de los presuntos personeros del Estado, a la luz de la Convención de Viena.

El Ministerio Público, cuya principal función es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, la Procuraduría General de la Nación, que tiene a su cargo defender los intereses del Estado, y la Contraloría General de Cuentas, cuya función principal es fiscalizar todo interés hacendario, deben iniciar la inmediata averiguación de estas irregularidades y anomalías, impugnar lo que se tenga que impugnar, así como deducir las correspondientes responsabilidades legales, conforme el Artículo 155 constitucional.

En nuestra opinión, la representación del Estado ante los Sistemas Interamericano y de Naciones Unidas de DD. HH. debe estar a cargo de la Cancillería, conforme la Convención de Viena, por lo que resulta procedente que se cree un Viceministerio de DD. HH. en la Cancillería, que los resarcimientos sean administrados únicamente por la Secretaría de la Paz y que la Copredeh sea suprimida y liquidada.

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