Miércoles 26 DE Junio DE 2019
Opinión

Suspensión de proyectos mineros e hidroeléctricos

Fecha de publicación: 26-10-17
Por: Editorial

Tanto los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como los “togados” de la Corte de Constitucionalidad han venido suspendiendo proyectos hidroeléctricos y mineros, en plena operación, que fueron autorizados por el Estado después de que las respectivas autoridades o funcionarios dieron por cumplidos o satisfechos todos los requisitos exigidos por la Constitución, los convenios internacionales y las leyes del país.

Con las autorizaciones estatales en mano los inversionistas procedieron a hacer sus presupuestos de inversión y financiar los respectivos proyectos a través de capital propio, llamamientos a capital de riesgo y de créditos bancarios. En todo caso, solamente es posible la capitalización de dichos emprendimientos si se cuenta con la absoluta certeza jurídica de que el Estado, después de agotados los trámites y procedimientos legales, ha extendido las respectivas autorizaciones y licencias. Nadie invierte ni presta un centavo para el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico o minero que no ha cumplido con todas las disposiciones legales y reglamentarias, o que se encuentra en situación de impasse porque existen oportunas y pertinentes oposiciones o impugnaciones de las autorizaciones o licencias que han sido emitidas.

Por supuesto, dichas oposiciones e impugnaciones deben plantearse dentro de plazos razonables y antes de que se inicien las operaciones de las respectivas empresas, a través de los mecanismos legales correspondientes. No puede admitirse que después de transcurridos dichos plazos se planteen nuevas oposiciones o impugnaciones, porque esto supondría una absoluta falta de certeza jurídica.

No obstante, un Estado soberano siempre puede revisar o reconsiderar el otorgamiento de las autorizaciones y licencias, y pedir a los promotores de los proyectos hidroeléctricos y mineros el cumplimiento de nuevos requerimientos o que se discutan otras interpretaciones de disposiciones vigentes al momento en que se extendieron las licencias y autorizaciones, pero sin menoscabar la marcha de las respectivas operaciones empresariales y de cara al futuro, admitiéndose, incluso, la posibilidad de la observancia de criterios reparadores bajo la óptica de nuevas autoridades o funcionarios, y siempre y cuando se confiera a los inversores un plazo razonable para proceder a las readaptaciones o ajustes que demande el Estado, así como las compensaciones que, en su caso, procedieren a favor o a cargo del Estado.

Lo que no se vale es que se paralicen intempestivamente las operaciones hidroeléctricas y mineras sin que los administradores y representantes de las mismas hayan sido citados, oídos y vencidos ante juez competente y en el marco de un debido proceso legal, gozando dentro de él de todas las garantías procesales previstas en la Constitución y las leyes, y sin importar los daños y perjuicios que puedan causarse no solo a los emprendedores, sino que también a los accionistas, financistas, abastecedores, trabajadores, el Fisco y los demás beneficiarios de las respectivas externalidades provechosas.

Por tanto, exhortamos a los juzgadores de las altas Cortes a respetar los derechos adquiridos de los referidos inversionistas y a que ordenen que las nuevas exigencias se discutan, resuelvan y apliquen en el marco del debido proceso, sin paralizar las respectivas operaciones; y, en su caso, se confiera a las respectivas autoridades gubernativas e inversores el tiempo necesario para ajustarse a las nuevas determinaciones, así como para agenciarse de los recursos pertinentes.