Jueves 19 DE Octubre DE 2017
Opinión

Las autopistas de la corrupción también colapsaron

La población y la mayoría de grupos sociales ya presionan por un cambio del sistema electoral.

 

— Manfredo Marroquín
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El nuevo caso de investigación “Caja de Pandora” vuelve a poner de relieve lo que hace casi diez años señalamos en un estudio sobre cooptación reconfigurada del Estado, en donde se identificaron las grandes autopistas o entradas que dieron paso a la captura y cooptación del Estado para fines de enriquecimiento ilícito y protección a grupos que luego de hacer funcionar las instituciones públicas para sus propios fines, además se agenciaban de impunidad para salir indemnes.

Me refiero a los tres pilares que hicieron posible colapsar el Estado constitucional y ponerlo al servicio de redes político-económicas corruptas: el abandono del servicio civil, la caja negra del financiamiento político electoral y la ausencia de un sistema de compras y contrataciones del Estado. A través de estos tres subsistemas, abandonados a su suerte por los gobiernos de turno durante los últimos 30 años, carteles y mafias organizadas de todo tipo pudieron servirse con la cuchara grande, agenciándose de contratos, concesiones y control de oficinas estratégicas de seguridad como aduanas, puertos, etcétera.

La gran mayoría de casos investigados encuadran en esas tres áreas, por ejemplo, las plazas fantasmas corresponden a debilidades en el servicio civil que fueron aprovechadas por funcionarios de turno, para contratar personal no apto y/o simplemente sustraer recursos públicos mediante plazas pagadas pero que no trabajaban.

Otro buen número de casos tienen que ver con financiamiento dado a candidatos fuera de lo establecido en las normas electorales, ya sea mediante financiamiento no reportado o bien utilizando recursos públicos desviados para campañas electorales específicas como es este último caso donde se involucra al alcalde capitalino. La misma CICIG, a través de su comisionado se ha referido a este tema como el pecado original de la incipiente democracia guatemalteca.

Habiendo financiado las campañas, luego ubicado a cuadros de las propias redes económicas y políticas corruptas en puestos clave y estratégicos, se logró someter el sistema de compras y contrataciones del Estado a los intereses de dichos grupos, favoreciéndoles con contrataciones de servicios y concesiones multimillonarias, que correspondían el pago del financiamiento brindado y asegurando con ello la continuación del ciclo perverso en cada gobierno.

Siendo estas las principales autopistas donde corrió la corrupción las últimas décadas, no extraña que los casos hasta ahora conocidos correspondan a negocios hechos sobre ellas. En crisis pasajeras anteriores, los escándalos se tapaban hasta que llegara el próximo, incluso promoviendo modificaciones parciales a las leyes y los sistemas, siempre cuidando que los cambios no alteraran el principal giro de negocios: la corrupción.

Pero ahora que ha quedado al descubierto el problema sistémico, estructural e histórico que representa la corrupción para el país, haciendo inviable cualquier plan de Nación y de desarrollo. Ha llegado la hora de enfrentar con la misma visión sistémica, los cambios y reformas necesarios para liberar al Estado de las ataduras que le impiden cumplir sus funciones constitucionales.

La población y la mayoría de grupos sociales ya presionan por un cambio del sistema electoral, pero inmediatamente cumplido ese objetivo, los temas de agenda deben ser un nuevo modelo de servicio civil que asegure un funcionamiento idóneo del recurso humano estatal y un nuevo sistema de compras y contrataciones que promueva la competencia y obras de calidad que son pagados con los recursos públicos que son de todos y que habiéndose desviado masivamente nos tienen sin carreteras, medicinas, pupitres, escuelas y un largo etcétera.