Jueves 15 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Llegaron al punto de no retorno

Ilegitimidad, más ilegalidad, igual…

 

— Edgar Gutiérrez
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Hace dos semanas fue una mayoría calificada del Congreso, y hace una semana lo hizo el presidente Jimmy Morales: cruzaron el punto de no retorno. En septiembre de 2015 Otto Pérez lo entendió, y se fue. El Congreso de entonces no lo captó, y dos años después se replica el problema, sin que esta vez el tiempo político le favorezca. A la crisis acumulada de legitimidad, ambos poderes del Estado sumaron ahora la crisis de legalidad y, ante lo obvio, sus habituales aliados los dejan solos. En público, las fotografías son con alcaldes de dudosa reputación y unos cuantos ganaderos de Izabal.

El Congreso aprobó el 13 de septiembre dos esperpentos que inmediatamente enterró, pero mal. En vez de aprobar un acuerdo urgiendo a Jimmy Morales a vetar los Decretos 14-2017 y 15-2017, los abortó dentro del Palacio Legislativo violando la Constitución, que indica la ruta de formación de la ley. Jimmy Morales, por su lado, tiene un antejuicio pendiente y no tardará en acumular otros, insoportables. Y, por si fuera poco, el 19 de septiembre en la Asamblea de la ONU socavó su mando al reavivar su pleito con la CICIG.

En los distritos electorales la presión social en contra de los diputados les está resultando molesta y puede volverse insufrible para los favorecidos con el voto popular hace dos años. Ante el fracaso del “pacto de impunidad” varios representantes están renunciando a sus bloques, pero la pose será insuficiente. La presión arreciará. La depuración del Congreso puede ser de los siete visibles, más 13 distritales, o bien de 107, 130, 158. Dependerá de cuándo los diputados entiendan qué boomerang lanzaron. Entramos a una crisis de Estado, insospechada cuando Jimmy Morales desató la tormenta, apenas el 27 de agosto al declarar no grato al comisionado Iván Velásquez.

Una suma de errores de cálculo les está pasando factura al Presidente y a su Gabinete, a su bancada y a sus aliados en el Congreso, incluso los de ocasión, como la UNE. El pacto de los 107 desnudó, otra vez, el problema: la corrupción no es asunto de ideología, es de ocasión de mal uso del poder, sea este político, económico o social. Varios de quienes ahora alegan “justicia selectiva” y violación del debido proceso, son quienes en el pasado reciente decidían (casi) quién iba o no a la cárcel, quién era o no escuchado por un juez. Es lógico que resienten la pérdida de control de la justicia.

Expresión de la crisis de Estado es que no cuajó la propuesta de diálogo del gobierno y que los pactos de elite van quedando rebasados, a pesar de que se intensifican los círculos de deliberaciones. La correlación de fuerzas se ha modificado. La Plaza del pasado 20 de septiembre ya no es la de 2015. Está vertebrada, es disciplinada y tiene una consigna que vibra en todo el país. Las dos erres: renuncia y reforma. El poder de convocatoria de la AEU es inigualable. Washington, Nueva York y los congresistas estadounidenses que recién visitaron el país han ubicado a ese sujeto legítimo del cambio. Es lo más relevante de este periodo: 21 años después, la sociedad se sacude la derrota y las traiciones de la guerra civil, y comienza a edificar su propia alternativa. La nueva generación de entre 20 y 35 años ha tomado el relevo. Como cada generación, esta aprenderá sobre la marcha. Eso sí, entre mejor procesamiento de la Historia y más reflexión estratégica, mayores probabilidades de éxito.

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