Jueves 15 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Profunda reforma política

La cleptocracia equivale a institucionalizar la corrupción.

 

— MARIO FUENTES DESTARAC
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La coyuntura política favorece el debate de la reforma estructural del sistema político electoral, que, desde que se inició el actual orden constitucional en 1986, ha estado en control absoluto de una “clase política” antidemocrática, inescrupulosa y codiciosa, que sustituyó el ejercicio de una legítima acción política por una infame e insoportable “cleptocracia”, que supone la institucionalización de la corrupción en el sector público.

El envilecimiento y la degeneración de la acción política han impedido la construcción de una genuina democracia representativa y han dado pie a que el discurso de los enemigos de la democracia, que propugnan por la instauración de regímenes despóticos (fascistas y socialistas), tenga acogida entre una población desilusionada y desesperada.

Para comenzar, los constituyentes en 1985 determinaron que la integración y funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no quedaran incorporadas en la Constitución, sino que solo en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), con el objeto de que no se tuviera que reformar la Constitución para que los políticos las pudieran cambiar a su antojo, en menoscabo, por supuesto, de la independencia e imparcialidad del TSE. Asimismo, con esa misma pretensión controladora, los constituyentes decidieron que los diputados eligieran a los magistrados del TSE, y no la Corte Suprema de Justicia, que fue la que eligió a la primera magistratura del TSE (integrada por los abogados Arturo Herbruger, Gonzalo Menéndez, Manuel Ruano, René Búcaro y Justo Rufino Morales), que tomó posesión el 30 de junio de 1983.

Por otro lado, la obligada fiscalización ciudadana de los procesos electorales, incorporada en la Constitución, quedó flagrantemente vedada en 1987 cuando se sustituyó el texto del Artículo 250 de la LEPP, que decía “Los representantes de las organizaciones políticas o cualquier ciudadano pueden interponer los recursos establecidos en este capítulo”, por el texto que dispone: “Dentro del proceso electoral, sólo las partes (los partidos) debidamente acreditadas en cada caso o sus legítimos representantes pueden interponer los recursos establecidos en este capítulo”. Esta desviación fue avalada por la Corte de Constitucionalidad. ¡Qué tal!

Inequívocamente, la reforma estructural del sistema político electoral demanda que se aborden otras cuestiones clave, tales como: 1) Limitación de la reelección de los diputados y miembros de los concejos municipales; 2) La postulación de candidatos a diputados por comités cívicos electorales; 3) La adopción del sistema de elección uninominal (competencia directa entre candidatos a título personal en distritos o sub distritos electorales); 4) La celebración de elecciones primarias entre precandidatos en el seno de los partidos; 5) La incorporación del referendo revocatorio para poner fin a mandatos de funcionarios electos ineficaces, tránsfugas y demás, después de la mitad del periodo de funciones; 6) La regulación de la publicidad oficial, que es personalista, discriminatoria y multimillonaria; 7) La supresión de la aberrante e inconstitucional normativa que legaliza la existencia de diputados de primera y de segunda clase, supuestamente para combatir el transfuguismo; 8) Las barreras de entrada para constituir nuevos partidos; y 9) La supresión de la demencial prohibición que dice: “No será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones”.

Por supuesto, también debe reflexionarse sobre la renovación del 50 por ciento de los diputados a mitad del periodo presidencial y la supresión de la lista nacional de diputados.

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