Jueves 18 DE Abril DE 2019
Opinión

A estas alturas, ¿quejarse de la CC?

El gobierno de los jueces se inventó en 1993.

 

— Édgar Gutiérrez

Nos gusten o no sus fallos, la Corte de Constitucionalidad (CC) es el pilar de la gobernabilidad en Guatemala. La notoria incapacidad de los políticos convirtió a la CC en el último árbitro, inapelable, de toda la arena estatal. Esa historia inició en 1993 cuando Jorge Serrano dio un golpe de Estado y, en sentido estricto, la CC dio otro golpe que instauró el actual régimen político, favoreciendo un cambio profundo en la correlación de fuerzas. Casi todos condenamos el golpe de Serrano, y alabamos que la Corte salvó la democracia. Pero, diría Newton: y, sin embargo, lo dio (el golpe).

De ahí en adelante cada vez que los políticos no podían con la papa caliente se la pasaban a los magistrados. Así se nutrió la cultura de judicializar la política. La CC comenzó a dar su interpretación de la Constitución y, sobre la marcha, fue escribiendo una nueva Carta Magna. No hace mucho, el alcalde Álvaro Arzú quería imponer horarios para el ingreso de furgones en la capital y como sus intentos de negociación fracasaron, acudió a la CC, que le resolvió el problema.

Cuando en la pasada legislatura Manuel Baldizón ordenó la parálisis del Congreso con unas interpelaciones interminables, la CC “modificó” la Constitución ordenando que se podía interrumpir una interpelación en ciertas circunstancias. Así, la CC salvó el funcionamiento del Congreso y dio la sensación de que recuperaba la gobernabilidad democrática. Durante el largo periodo en que Alejandro Maldonado gravitó con enorme ascendencia, la CC perfeccionó ese rol político, cuidando el arte de resolver con sentencias y dictámenes gallo-gallina.

Lastimosamente, a su manera, la CC legitimó la “captura del Estado” (violatoria de la Constitución) desde mediados de la década de 1990, y pasó inadvertida en la época de “cooptación del Estado”, que nos llevó a donde estamos: con la mafia hasta los tuétanos, inoculando la economía legal y queriendo legitimar su propio orden. A partir de 2014, cuando sonaron las alarmas internacionales de que Guatemala –junto con la zona norte de Centroamérica– iban rumbo al “Estado fallido”, la CC se fue moviendo de manera paulatina para, por fin, contrarrestar esa tendencia.

En minoría dentro de la Corte, la magistrada Gloria Porras jugó un rol central en ese giro, y su peso ha sido más notorio desde 2016, junto con el magistrado Francisco de Mata Vela y la magistrada suplente María Cristina Fernández. Cuando llamaron la atención a las empresas extractivas (ahora lo hizo la CSJ) estaban diciendo algo muy sencillo: hagan correctamente las consultas en las zonas de afectación, pues por ahorrarse unos dineros se están creando, así mismos, problemas de ingobernabilidad. Si el MARN y el MEM les toleraba “ahorros”, ahora hay ojos vigilantes, y el resto de empresas, ponga sus bardas en remojo. La corrección de las consultas obligará a la presencia del Estado donde ahora hay territorios sin ley.

Cuando, azuzado y actuando con la pasión y no con la razón, el presidente Jimmy Morales, violando el acuerdo de la CICIG (que tiene asidero constitucional, pues de lo contrario no habría sido aprobado) declara no grato al comisionado Iván Velásquez, la CC contiene la ilegalidad e insensatez que, de haberse consumado, nos tendría hoy en un estado de ingobernabilidad insoportable, además aislados internacionalmente, o sea, por debajo de los estándares de las buenas inversiones, del trato comercial lícito etcétera. A estas alturas no tiene sentido quejarse de la CC, sino concentrar las energías en refundar el sistema de partidos políticos, pues allí radica el problema.

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