jueves 14 septiembre 2017
Opinión

Un Pacto de Impunidad

— Phillip Chicola

Ayer atestiguamos el acto dos de la contraofensiva pro impunidad. Luego del fallido intento de expulsar al comisionado Iván Velásquez, la alianza perversa, encabezada por varios presos del Mariscal Zavala, de la mano de la Juntita, las cabezas de los principales partidos políticos, y con el apoyo de las voces que veneran a una institucionalidad corrompida y la soberanía de la corrupción, los partidos FCN-Nación, la Unidad Nacional de la Esperanza, Movimiento Reformador, Todos y Alianza Ciudadana aprobaron un paquete de impunidad.

El primer capítulo del Paquete de Impunidad fue la amnistía para los Secretarios Generales por financiamiento electoral ilícito. Con dicha movida, se cubren con la misma chamarra el presidente Jimmy Morales, Orlando Blanco, Roberto Villate y Felipe Alejos por posibles anomalías durante los comicios 2015. Pero además, alcanza para cubrir también a Roxana Baldetti, Manuel Baldizón y Jairo Flores por posibles anomalías durante los comicios 2011.

El segundo capítulo fue ampliar la conmuta de penas a aquellos delitos de hasta diez años de prisión. Con esta reforma, prácticamente cualquier delito de corrupción, como cohecho activo y pasivo, fraude, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias  o cobro ilegal de comisiones –que contemplan penas de cinco a diez años– quedarían sujetos a conmuta. Con ello, exdiputados como César Fajardo, Edgar Cristiani, Alfredo Rabbé o Aleksander Castillo, además de Anabella de León podrían obtener una condena de diez años o menos, pagar la conmuta y retornar impávidos a sus residencias. Es más, por puro analfabetismo legislativo, esa reforma al Artículo 51 beneficia también a los acusados de hurto, robo agravado, extorsión y chantaje. Es decir, el Pacto de Impunidad favorece tanto a los Zavala como a los Salvatrucha.

Que no nos extrañe si en subsiguientes sesiones busquen incorporar también una amnistía por delitos de plazas fantasma (volviéndolos faltas administrativas y no delitos penales), modificar la Ley del Ministerio Público para facilitar la destitución del Fiscal General, entre otros acuerdos de impunidad.

La pelota pasa ahora a la cancha de la Corte de Constitucionalidad, quien seguramente estará llamada a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la actuación legislativa. La otra alternativa es que el Presidente, en una expresión de decencia, vete los decretos aprobados.

Pero también, habrá que esperar respuestas a nivel de actores internacionales. De parte de Washington, esta acción del Congreso bien cabe dentro de la definición de un intento por “interferir con el trabajo de CICIG en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, tal y como lo esbozaron en su misiva los senadores Lankford, Kaine y Cardin. Por tal razón, la suspensión de fondos en el marco del Plan de la Prosperidad, o la gestión de Estados Unidos para suspender desembolsos a Guatemala por créditos ante entidades financieras internacionales, podrían hacerse realidad en las próximas semanas. Otra alternativa, es que Washington aplique la Sección 212 (c) del Inmigration and Nationality Act, con la cual se podría suspender las Visas B1/B2 de aquellos oficiales de Gobierno que con sus actuaciones boicotean el combate a la corrupción y la impunidad, y a la misma delincuencia común, objetivos contenidos en la Ley de Asignaciones Consolidadas 2017 del Congreso de Estados Unidos.

Días como ayer retratan a nuestra clase política como corrupta, promotora de la impunidad y dispuesta a tirar por el excusado los intereses de país, por el hecho de protegerse a sí misma.

Los actores de la corrupción, de la cleptocracia y del sistema patrimonial pelean con uñas y dientes por su propia supervivencia y por el deseo de recuperar espacios perdidos. Impedir que triunfe la contraofensiva de las mafias queda en manos de los guatemaltecos decentes, que aspiramos a dejarle a nuestros hijos, un mejor país del que nos dejaron a nosotros…