jueves 14 septiembre 2017
Opinión

Expulsión de los dreamers

— Editorial

El presidente de EE. UU., Donald Trump, mediante una orden ejecutiva, puso término al programa migratorio temporal conocido como DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), que, desde el año 2012, durante el cual fue promulgado por el expresidente de EE. UU., Barack Obama, había venido protegiendo de la deportación a 800 mil jóvenes inmigrantes indocumentados (denominados “dreamers” o soñadores). Esta decisión ejecutiva se implementará al final de un plazo de seis meses para dar tiempo al Congreso a buscar una solución permanente. Entre los “dreamers”  se encuentran 40 mil inmigrantes guatemaltecos.

El programa DACA frenó la expulsión de los 800 mil “dreamers” , así como les aseguró el acceso a obtener un permiso temporal de trabajo y, en algunos Estados de EE. UU., la obtención de una licencia para conducir vehículos automotores.

Aunque Trump había expresado “Amamos a los dreamers. Amamos a todo el mundo. Creemos que los dreamers son fantásticos”, procedió a dejar sin efecto el programa DACA y dejó a los “dreamers”  al borde de la deportación, ya que no se visualiza que el Congreso procederá a resolver el asunto en el corto plazo.

La reacción no se hizo esperar. 16 fiscales generales de varios estados de la Unión Americana (Nueva York, Washington, Massachusetts, Connecticut, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Vermont, Virginia y Washington D.C.), presentaron ante la justicia oficial una demanda que desafía al presidente Donald Trump y pretende preservar el DACA, que protege de la deportación a inmigrantes llegados cuando eran niños a EE. UU. La demanda señala que el presidente Trump violó la Constitución al discriminar a los jóvenes amparados por el DACA, así como el derecho al debido proceso. También se establece que la decisión de eliminar el DACA ha dañado las economías, las instituciones, así como a los residentes.

Cabe traer a colación que el año pasado (2016) nuestro país, en concepto de remesas familiares (provenientes de los inmigrantes guatemaltecos en EE. UU.), la suma de US$7.16 millardos, y en lo que va de este año (a agosto de 2017) ha recibido US$5.42 millardos. Si no fuera por estos importantes ingresos de divisas, la economía guatemalteca ya habría colapsado, dado que no existen otros factores dinámicos de la economía.

En nuestra opinión, los responsables de las instituciones guatemaltecas, en lugar de estar enfrentados entre sí, deberían hacer causa común con el gobierno de México, cuyos nacionales representan el 78 por ciento de los “dreamers” , para que se restablezca la vigencia del programa DACA o en función de que el Congreso de EE. UU. finalmente emita una regulación justa y equitativa de la inmigración en dicho país.