Miércoles 14 DE Noviembre DE 2018
Opinión

La Infraestructura para el Desarrollo

“Es fundamental reconocer que América Latina requiere una mejor dotación de infraestructura, pero no cualquiera”. CEPAL.

 

— Edgar Balsells
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El denominado Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE 2017– ha invitado a expertos a un Panel de Discusión sobre Infraestructura para el Desarrollo precisamente este miércoles por la mañana. Ello indica que el tema pretende posicionarse en las próximas semanas como uno más de actualidad, y entre tantos eventos que nublan las posibilidades de la inversión a largo plazo.

Desde los años noventa, los países latinoamericanos han estado trabajando sobre este complejo campo, con la intención de agrupar la infraestructura pública como un Sistema nacional de inversiones, que conlleve además la reestructuración de la Administración del Sector Público Nacional, en forma complementaria al sistema global de administración financiera del Estado.

Se trata así de cumplir con las nuevas recomendaciones de reforma del Estado que apuntan a que el ciudadano goce de bienes públicos, en todo el sentido del término; es decir el tipo de bienes que es de todos y de ninguno en particular, pues es difícil plantear la exclusividad de un camino, a menos que hayan otros complementarios en donde poder transitar.

La miopía y el empirismo que privan es tal que los famosos consejos comunitarios de desarrollo que se organizan alrededor de la demanda de inversión pública regional, proponen proyectos bajo una visión anual y localista, perdiendo el medio término y la perspectiva regional que debe privar en el escenario de la obra pública.

El tema tiene que ver entonces con la falta de coordinación de las inversiones que en un Estado fragmentado como el nuestro, es generada por múltiples instancias que no tienen la mínima intención de comunicarse y complementarse, y que son manejadas por redes corporativas y clientelares, del tipo de Covial, la ANAM y el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural –Conadur–.

Lo que resulta vital, y lo hemos expuesto en múltiples oportunidades, es la creación de un banco de proyectos del Sector Público y organizar mucha capacitación en evaluación de proyectos públicos para todo el funcionariado; incluyendo a todas aquellas instancias que se ocupan de la generación de propuestas de inversión pública: léase los Cocodes, los Comudes y por supuesto el denominado Sistema de Servicio Civil Municipal, que brilla por su ausencia, como Sistema, por razones que son obvias, ante la captura del presupuesto por los caciques municipales.

Los países más avanzados de América Latina tienen implantada dentro del sector público la estructura del Sistema que permite desde la formulación de los proyectos, hasta su evaluación, monitoreo, control, y por supuesto los procesos de gestión pública de los mismos, incluyendo desde luego un sistema más transparente que el nuestro de supervisión y calificación de las firmas operadoras de la construcción de obra pública. Se necesita entonces Rectorado, coordinación y su posterior ejecución descentralizada y evitando monopolios, bajo el marco de un adecuado sistema de planificación y priorización.

En la actualidad, viene creciendo una Mesa Técnica de diseño de las reformas necesarias para contar con una nueva Ley de Contrataciones, que precisamente pueda estilizar de mejor forma todas aquellas interioridades que conlleva la contratación de obra pública, incluyendo por supuesto, puertos, aeropuertos, centros de acopio y todo aquel conjunto de bienes públicos que tienen un amplio efecto multiplicador en la actividad económica.

Dicha Mesa es coordinada y conformada a iniciativa del diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Probidad del Congreso de la República. Estimamos así que, contar con un adecuado modelo de reforma estatal, encaminada a robustecer el sector público, no a debilitarlo, en conjunto con un mecanismo más ágil de contrataciones, podrá ser una buena opción para salir del marasmo.

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