miércoles 13 septiembre 2017
Opinión

Debe superarse la coyuntura política

— Editorial

El lunes pasado, el Congreso, con el voto favorable de 104 diputados, no accedió a despojar de su inmunidad al presidente Jimmy Morales y, por ende, este no podrá ser investigado y juzgado por el delito de financiamiento electoral ilícito, que le fuera imputado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Como se recordará, el pasado viernes 25 de agosto, el MP y la CICIG denunciaron al presidente Morales por la supuesta comisión del delito de financiamiento electoral ilícito, casualmente el mismo día en que el mencionado gobernante, en compañía del Canciller y del Embajador de Guatemala ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), se entrevistó con el Secretario General de la ONU (en Nueva York, EE. UU.) y le relató algunas actuaciones de la CICIG, que, en su opinión, eran cuestionables o se excedían de su mandato.

El pasado domingo 27 de agosto, o sea el día siguiente al día en que el presidente Morales regresó a Guatemala (proveniente de los EE. UU.), el Gobierno, mediante

nota suscrita por el gobernante Morales, declaró no grato al responsable de la CICIG, Iván Velásquez, y lo expulsó del territorio nacional. No obstante, la Corte de Constitucionalidad (CC), con el voto favorable de tres de sus cinco magistrados, declaró nula de pleno derecho la referida decisión presidencial y la suspendió definitivamente, al resolver un amparo promovido contra el presidente Morales.

Para muchos la resolución de la CC no se ajustó al debido proceso y violó la Ley de Amparo, así como para otros muchos la resolución del Congreso, mediante la cual no se despojó al presidente Jimmy Morales de su inmunidad, asegura la impunidad de Morales. No obstante, ambas decisiones, aunque no se compartan, deben acatarse y respetarse, porque fueron emitidas por las respectivas autoridades legítimas del país.

O sea que todo se retrotrae al momento anterior a la actual crisis política, aunque se mantiene el pulso entre el presidente Morales y el comisionado Velásquez, quienes han esgrimido sus respectivos apoyos, respaldos y simpatías. Sin embargo, la gran mayoría de guatemaltecos (casi el 70 por ciento) permanece indiferente de cara al enfrentamiento entre estos altos funcionarios, por lo que a la población no le interesa quién gane el pulso y, por el contrario, está más preocupada en hacerle frente a los múltiples problemas cotidianos (violencia, desempleo, inflación, inseguridad, falta de oportunidades, etcétera).

Por tanto, en aras de fortalecer la gobernabilidad y la estabilidad institucional, lo lógico, lo sensato, es que se deponga el endurecimiento de las actitudes y que ambas posiciones encontradas se acerquen y diriman, de manera pacífica, las diferencias y controversias.

Para esto debe tenerse el valor y la entereza para declinar las posiciones personales irreductibles, derribar las murallas defensivas, tender puentes de entendimiento, así como llegar a acuerdos que aseguren una cooperación interinstitucional inteligente. En todo caso, la prolongación del enfrentamiento solo genera un desgaste mayor para la democracia institucional y alienta a los enemigos de esta y al crimen organizado, que siempre están al acecho, a tomar ventajas del vacío de autoridad existente.