Domingo 18 DE Noviembre DE 2018
Opinión

“… Yo emplazo al presidente de la república Jimmi Morales, a la Fiscal General Thelma Aldana, al ministro de Gobernación Francisco Rivas, al Director de la Policía Nacional Civil…”

Guatemala somos todos y ellos deben actuar como les ordenan las leyes.

 

— Silvia Tejeda
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Así concluye el llamado de angustia   que hace el  desolado caficultor Edwin Whoelmers Hegel en un video compartido, donde hace la valiente  denuncia de  la grave situación  de desamparo en que las autoridades del país, -léase: del presente gobierno- permiten  desde el año 2015 que, tanto  a él, como a otros  propietarios de fincas, -más de 40-,   se hayan multiplicado las invasiones a propiedades legítimas  en  departamentos de Izabal, Alta y Baja Verapaz.

Se trata de redes criminales que van impunemente invadiendo fincas, talando bosques, quemando equipos y amedrentando trabajadores, sin que, hasta la fecha, se ejecute una medida concreta y en conjunto, para sancionar, como manda la ley, a esos grupos que están acomodando a sus abusos,  la indolencia o la complicidad de las autoridades para  desalojarlos y hacerles entender que, en Guatemala el respeto a la ley y a la propiedad privada son derechos   inalienables de cualquier ciudadano. ¿Para qué, entonces,  rige la Constitución de la República, los jueces,  las obligaciones de los funcionarios, el deber de las autoridades departamentales y locales y los cuerpos policíacos,  si cuando se cometen vejámenes contra los ciudadanos nadie, con autoridad suficiente está a su lado para protegerlos?

El caso más reciente de una cadena de invasiones que vienen acrecentándose desde hace más de dos años, es lo que sucede en la propiedad del señor Whoelmers.  Desde mediados de agosto su finca denominada  Bremen ubicada en Purulhá,  Baja Verapaz, ha sido  invadida por un grupo de impunes líderes locales y campesinos que les hacen comparsa.   Tienen  secuestrados a los trabajadores. Al propietario lo amenazaron con quemar con gasolina al  encargado  si no les entregaba la finca. Lo conminaron con su  estrategia inhumana y lo  intimidaron con prenderle fuego al trabajador, si no les entregaba las llaves de la propiedad. Y así lo hizo, no permitió semejante salvajada. Desde esa fecha, los invasores disponen de una extensa finca de café, formada desde hace más de 150 años, cuidada por cinco generaciones familiares, que sufrieron ya el crimen del  señor Edwin Whoelmers Thome, quien fue, en el año 2016, cobardemente emboscado.

De la misma manera, en el año 2016 se vienen cometiendo delitos de usurpación y extorsión, enfrentamientos de hombres armados contra las debilitadas estaciones de la Policía Nacional Civil, en municipios de El Estor, departamento de Izabal en el que más de 5 mil hectáreas han sido afectadas por el daño a los cultivos, la tala inmoderada de maderas preciosas y ataques armados para causar zozobra. Según lo testimonian los propietarios de las fincas: El Tzinté, El Pataxte, la reserva ecológica de Chavilán, Venecia, Santa Rosa, San Martín, Palestina y Los Murciélagos y otras, suman Q145 millones de pérdidas en sus cultivos,  15 mil trabajadores han perdido su empleo y la pobreza se incrementa y muerde a miles de guatemaltecos.

Estimado lector, recapacitemos y pongamos los pies en esa realidad que están viviendo   otros guatemaltecos.  Rechacemos la verborrea de los políticos y exijámosles a ellos y  al Presidente Morales que son deberes del Estado, garantizarnos la vida, la libertad, la justicia y la seguridad. Y en esos casos ninguna de las autoridades desde el Presidente hasta los cuerpos policíacos  los ha defendido como lo ordena la ley,  ni ha brindado la seguridad necesaria para vivir y seguir trabajando.  Rechacemos que el gobierno y los partidos políticos y las demás autoridades gubernamentales solamente  protejan y resguarden a los  grupos  privilegiados por la corrupción y la impunidad. Guatemala somos todos y ellos deben actuar como les ordenan las leyes. Pronto.

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