Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Imperio de la ley

— Editorial
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El imperio de la ley se traduce en la realidad y vigencia adecuadas de las leyes; y, asimismo, en el sometimiento a estas por igual de gobernantes y gobernados, sin privilegios ni discriminaciones de clase alguna.

Bajo el imperio de la ley, los mandatos de esta deben ser acatados, cumplidos y no discutidos (Lex jubeat, non disputet). Las leyes tampoco deben ser juzgadas (Non sunt judicandae leges), sino que debe juzgarse según ellas.

En tanto esté vigente, la ley es infalible, debe observarse y hacerse valer por los Organismos Ejecutivo y Judicial. El Organismo Ejecutivo, por su parte, debe velar por el cumplimiento de la ley, en tanto que el Organismo Judicial, a través de los tribunales de justicia, debe restablecer, con absoluta imparcialidad y celeridad, la soberanía legal.

En todo caso, los habitantes del territorio nacional, de acuerdo con la Constitución y tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, tienen el derecho fundamental de acceder a tribunales de justicia competentes, independientes e imparciales, así como a ser juzgados por estos.

Cuando no rige el imperio de la ley, entonces se da paso a la anarquía, al caos proveniente de gobiernos sin autoridad, a la impunidad en lo delictivo, a la arbitrariedad y a la subversión.

En ese sentido, Guillermo Cabanellas afirma que el imperio de la ley subsiste en todas las esferas, mientras cada cual conoce y ejerce sus derechos con criterio social; y en tanto que todos cumplen con sus obligaciones y deberes, que permiten la hermandad de la ética con el derecho.

Por supuesto, las leyes pueden ser reformadas, sustituidas por otras o, incluso, derogadas por el Organismo Legislativo, cuando las mismas no responden a la voluntad general o no se ajustan a la realidad imperante. La Constitución misma puede sufrir cambios o modificaciones.

No obstante, eso no significa que, en tanto las leyes estén vigentes en un régimen de legalidad democrático republicano, puedan ser desobedecidas apelando a objeciones de conciencia o simplemente burladas o aplicadas antojadizamente. Si alguno no está de acuerdo con la vigencia de una ley, lo procedente es que promueva su reforma o supresión por los canales adecuados.

Por otro lado, los tribunales de justicia son los únicos que pueden interpretar y aplicar las leyes a los casos concretos, en el marco de un debido proceso, que supone que nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Lo anterior sin perjuicio de que se pueden deducir responsabilidades legales en contra de los juzgadores, conforme la Constitución y la ley, si adoptan resoluciones ilegales.

Finalmente, las sentencias judiciales firmes y que pasen por autoridad de cosa juzgada deben ser acatadas y cumplidas, después de agotado el debido proceso, enmarcado dentro de los principios de legalidad, contradictorio, igualdad procesal, razonabilidad, irretroactividad de la ley, doble instancia, prejudicialidad, aplicación de la ley más benigna en lo penal, presunción de inocencia y certeza, entre otros.

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