Miércoles 14 DE Noviembre DE 2018
Opinión

La mina San Rafael

— Jose Rubén Zamora
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La cuantiosa inversión de los canadienses en la mina de plata San Rafael, que alcanza más de mil millones de dólares, no entró ni se realizó de noche, a oscuras, de un día para otro, de escondidas, de manera clandestina. Primero, los inversionistas  cumplieron con los requisitos que exigen nuestras leyes y obtuvieron una licencia de exploración. Más tarde, cuando determinaron que la inversión tendría sentido, cumplieron con los requisitos que establece nuestra legislación para obtener una licencia de explotación y el Estado de Guatemala después de agotados los trámites, extendió las autorizaciones y las licencias debidas para operar.

La inversión canadiense con el aval del Estado y sus instituciones se concretó y se tradujo en 1,600 empleos directos dignos y muy bien remunerados, en tres años han significado un millardo de quetzales en impuestos, diariamente gastan Q3 millones en 600 proveedores que emplean en conjunto alrededor de 15 mil personas, han propiciado el surgimiento de 150 nuevos negocios  en el municipio de San Rafael, han invertido  Q85 millones en proyectos y programas de desarrollo comunitario. Por cierto, de cada Q100  en ventas de la mina San Rafael Q53 se quedan  en Guatemala.

Con una ligereza que causa perplejidad, las altas Cortes han suspendido las operaciones de la minera canadiense San Rafael, no obstante cumple con los requisitos que exige el Estado, la Constitución de la República, las leyes de minería y los convenios internacionales, con argumentos que carecen de base y que bien pudieron analizarse sin causar daños y perjuicios económicos a la empresa, cuyas acciones se desplomaron en la bolsa de Nueva York en más de un 45  por ciento. Asimismo, desde que las altas Cortes paralizaron intempestivamente las operaciones de la mina, el Estado de Guatemala ha dejado de percibir Q250  millones.

Sin visitar el lugar y su área de influencia. Dejando de lado que la explotación de la mina San Rafael tiene un feliz encuentro con el medio ambiente. Sin determinar si los demandantes tienen fundamentos jurídicos sólidos para rechazar la operación. Sin tomar en cuenta que el representante de la institución demandante (CALAS) tiene intereses pecuniarios (comisiones) de por medio, en caso que, debido al entrampamiento legal, la mina San Rafael se viera forzada a aumentar su ofrecimiento a los pocos pobladores que aún habitan la aldea La Cuchilla, de Q45 a US$100 el metro cuadrado de construcción; las altas Cortes les han cerrado la puerta en la cara.

Quienes tenemos el privilegio de comer los tres tiempos, incluyendo los señores magistrados y señoras magistradas, olvidamos que cada año 200 mil guatemaltecos cumplen 18 años y demandan trabajo y solo 40 mil consiguen uno, estable y dignamente remunerado, es decir, a los 160 mil jóvenes restantes solo les queda la economía del delito, trabajos informales muy mal pagados que perpetúan el círculo de la pobreza, y la migración, que cada vez es más compleja y tortuosa.

La incertidumbre jurídica y la falta absoluta de certeza para las inversiones privadas extranjeras que están causando las decisiones de las altas Cortes, sacarán del mapa de inversiones a Guatemala como destino posible. Como dicen en las escuelas de negocios: no existe nada más temeroso que un dólar buscando abrigo.

Al final de este penoso proceso, el país se verá obligado a enfrentar un arbitraje internacional que sería perdido por Guatemala, por un monto que iría más allá de la inversión en San Rafael, por los daños y perjuicios causados, generando un alto costo para las finanzas del país.

En todo caso, todavía las y los magistrados de las altas Cortes pueden enmendar la plana, respetar los derechos adquiridos de los inversionistas y ordenar que se discutan y resuelvan los reclamos en el marco del debido proceso, sin paralizar las operaciones y si fuese el caso –que no debería tener lugar, pues significaría un cambio de reglas injustificado– que surgiese una nueva exigencia, que se conceda tiempo razonable a los inversionistas para cumplir con estas.

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