Sábado 21 DE Septiembre DE 2019
Opinión

Acerca de la política macroeconómica

Esta ausencia de política macroeconómica incide en que nuestra economía no crezca y la pobreza no se reduzca.

 

Fecha de publicación: 28-08-17
Por: Mario A. García Lara

En las últimas semanas se han publicado opiniones respecto de las políticas macroeconómicas en el país y alguna de ellas ha llegado incluso a afirmar que dicha política “se agotó”. En gran medida esas opiniones parecen centrarse en la política monetaria o en la política cambiaria, pasando por alto el resto de componentes de la política macroeconómica –que es mucho más amplia-, con lo que parecen confundir el todo con las partes.

La política macroeconómica es un conjunto de reglas y regulaciones del gobierno para controlar, influir o estimular los indicadores económicos agregados, entre los que se incluyen la tasa de crecimiento de la producción, el ingreso nacional, la oferta de dinero, la inflación, la tasa de empleo, la tasa de interés, el tipo de cambio y muchos otros. Es, pues, un conjunto de políticas (como la política fiscal, la política monetaria, la política comercial, la política de manejo de la deuda, la política industrial, y las políticas regulatorias e institucionales) que persiguen objetivos macro.

En Guatemala, la política monetaria, cambiaria y crediticia parece ser la que más atención atrae (quizá porque es la única que tiene una gobernanza específica, una ley orgánica, y una política explícita que se hace pública y a la cual se le da seguimiento sistemático) y, desde hace varios años, está centrada en propiciar las condiciones de estabilidad que más favorezcan el buen desempeño de la economía nacional y, como se indicó, es solamente una parte de la política macroeconómica. Sobre ella espero ampliar en una próxima entrega.

El resto de políticas macro, lejos de constituir un esquema agotado, son herramientas que el Estado de Guatemala no ha sabido, querido o podido utilizar y que, en la práctica, casi nunca se han aplicado. Esto incluye la política fiscal que, en teoría, debería consistir en el manejo de los gastos y de los ingresos del gobierno para propiciar el crecimiento sostenible de la economía. En realidad, nuestra política fiscal ha estado operando en “modo sobrevivencia” desde hace muchos años.

Lejos de utilizar el presupuesto como una herramienta para favorecer el crecimiento económico (lo que podría hacerse priorizando los gastos en educación, salud, seguridad e infraestructura), la política fiscal guatemalteca de los últimos quince años se ha dedicado a desperdiciar recursos en programas clientelares e ineficientes (bolsas de alimentos, transferencias de dinero arbitrariamente otorgadas, subsidios obscuros al transporte, repartición de fertilizantes, aportes sin propósito para las municipalidades o el deporte, y un largo etcétera). La política fiscal no está agotada, está desnaturalizada.

Tampoco han avanzado en los últimos años las políticas que –como una política comercial de integración centroamericana o una política de promoción de la competencia- podrían contribuir a mejorar la eficiencia de la economía y, con ello, la productividad nacional. Y, por si lo anterior fuera poco, se han producido terribles retrocesos en el funcionamiento de las instituciones que son fundamentales para el buen desempeño de los mercados y de la productividad, tal como las encargadas de administrar la justicia, de solucionar conflictos, de regular los mercados, o de garantizar los derechos de propiedad.

De manera que no es que la política macroeconómica esté agotada, sino que no ha existido o, al menos, no se ha estructurado para fortalecer el capital humano (salud y educación), brindar seguridad jurídica, propiciar la inversión, generar infraestructura ni mejorar la productividad sistémica. Esta ausencia de política macroeconómica incide en que nuestra economía no crezca y la pobreza no se reduzca.