Martes 12 DE Noviembre DE 2019
Opinión

Descentralizar la lucha anticorrupción

Me parece entonces que la lucha anticorrupción (CICIG-MP-Procuraduría General de la Nación y la CGCN) no puede bajar la guardia, sino reencauzar sus dinámicas.

Fecha de publicación: 25-08-17
Por: Edgar Pape Yalibat

De cara al Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, preocupa que los recursos de cooperación que vayan al interior del país, caigan en las corrientes ilegales desbordadas a consecuencia de la partidocracia.  Corrientes que se han llevado consigo las funciones y estructuras descentralizadas, regionales y municipales, -legado de un esfuerzo pensado originalmente para construir instituciones participativas e incluyentes-, siguen siendo objeto de manipulación por parte de caciques y elites político-extractivas que operan en  actividades ilícitas.

En efecto, un escenario de corrupción normalizada y sin avances para elecciones futuras más limpias, incuba en extensión el rápido enriquecimiento de quienes  ostentan un cargo político ya que el botín tiende a descentralizarse por todos los rincones de la nación.  Ya es un lugar común del sistema mostrar sus virtudes darwinianas con la cosa pública, cuyas redes se desplazan libremente por el interior del país, arraigándose de paso en vicios que rompen los moldes de solidaridad y buena vecindad en las comunidades.

Los políticos distritales siguen ufanos en sus vehículos partidarios, con prácticas rentistas inamovibles y se preparan para atrapar “fortunas” de que gozan los ricos nacionales y transnacionales.   Participantes de todos los colores se unen en el frente común de repetir las prácticas patrimonialistas, sin importar valores, transparencia o la imagen-objetivo de una mejor nación.

En ese contexto, cabe recordar la relevancia del famoso listado “geográfico de obras”, no para fomento de bienestar con participación local, sino la toma abrupta, el referente para que los diputados y en particular  los caciques departamentales, gobernadores y alcaldes municipales, activen su política de “servirse”  como intermediarios y  “contratistas” a través de la cooptación de entidades descentralizadas, delegaciones y municipios reproduciendo variadas modalidades de corrupción. Las redes político-económicas se toman en ventaja  aquel avance de política pública que representaba la Ley General de Descentralización, la de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Código Municipal, que bien utilizado, hubiese representado un  valioso instrumento de desarrollo participativo.

Todo un esquema extraviado para montar redes locales y dominios políticos sobre el distrito departamental con lo que los grupos ilegales reciben incentivos para apoyar electoralmente  a las mismas autoridades, diputados y a sus respectivos partidos políticos, consolidando sus “haberes” burocráticos.  Un gran freno para la democracia, pero un gran impulso de fortunas para políticos y sus familiares, como se demostró en el municipio de Chinautla.  Caciques y pregoneros políticos asociados impunemente manejan  a su antojo las reuniones y decisiones de los Consejos urbanos y rurales, mediante clientelismo, repartición de cargos, presupuestos, dotación de obra pública, concesiones  y el reparto de los negocios de diversión, licores, parqueos, taxis y todo tipo de prebendas.

La partidocracia local está incólume, no se motiva para impulsar iniciativas democráticas ni a formar cuadros al interior de sus partidos, sino a seguir lo mismo con roscas  determinadas con antelación y a sabiendas de quienes serán sus elegidos para concejales o diputados al Congreso de la República. Por supuesto, las nóminas municipales, Concejos y delegaciones de las entidades nacionales, siguen ocupadas  por amigos y familiares.

Ante tal perversidad: ¿Cual es entonces la legitimidad de estos políticos “elegidos” que nos quieren seguir  gobernando?  Habrán de seguir recibiendo premios sin castigo?  Y qué porvenir espera a los nuevos movimientos políticos…?

La colaboración de actores políticos y sus familiares con grupos ilegales al interior del país, constituye una estructura altamente descentralizada, con capacidad de maniobrar cualquier espacio electoral, por cuanto los brazos de la corrupción se entrelazan con variadas organizaciones de sociedad civil y comunitaria y se extienden hasta las tierras de nadie.

Muchos de ellos con el cariño de electores rurales, aseguran sobrevivencia y nuevas conquistas, sumando al secuestro de las instituciones locales, toda una readaptación del espacio político y económico.  La influencia de estos actores en la formulación de leyes, decretos, reglamentos municipales y en general, en la manipulación de  “obras”, significa no solo corrupción sino la conversión en caricatura de lo que los políticos honestos y democráticos querían instalar como un Estado descentralizado y participativo.  Esa es la gran degeneración del sistema descentralizado.

 Me parece entonces que la lucha anticorrupción (CICIG-MP-Procuraduría General de la Nación y la CGCN)  no puede bajar la guardia, sino reencauzar sus  dinámicas, investigar a los responsables y presentar un “caso reality” de impacto al mismo nivel territorial. Es básico cuestionar esta estructura desviada del diseño legal que en su buen sentido dio a luz para romper el centralismo y dar voz y voto a los grupos mayoritarios en el interior del país.

No deben permitirse más las malas urdimbres en los tejidos de buena vecindad ni que el proceso de descentralización desemboque en una fuente de acumulación dineraria a costa del Sistema de Consejos regionales, de la cooptación de municipios y de organizaciones comunitarias y en favor de las fuerzas ilícitas. Estas instituciones deben ser vigiladas, vistas con mucho pudor y sospecha para depurar y reorientar  el poder descentralizado y  local.