Miércoles 19 DE Septiembre DE 2018
Opinión

No hay quite para la autoridad electoral

— Editorial
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Como se recordará, el Director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Leopoldo Guerra, resolvió que el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) no sería sancionado con cancelación, a pesar de que el TSE había establecido hallazgos que señalaban que el partido UNE reportó que tenía una deuda de Q24.3 millones con cinco empresas del Grupo Albavisión, aunque los respectivos medios de comunicación informaron que no existía tal deuda. En los documentos de descargo que presentó el partido UNE, los contadores del Grupo Albavisión cambiaron su versión y dijeron que sí existía deuda, porque anteriormente no se habían incluido los saldos vencidos que estaban en morosidad. Indudablemente, esto ameritaba que se practicara una auditoría a fondo.

Otra de las anomalías identificadas en el financiamiento electoral de partido UNE fue que éste ocultó los nombres de quienes financiaron el pago de US$68 mil a una empresa dedicada a alquiler de helicópteros, pero, según Guerra, el partido comprobó que dichos pagos correspondían a una liquidación de dólares que habían sido recibidos en efectivo.

En todo caso, ha trascendido que Guerra adoptó la decisión de exonerar al partido UNE sin que se practicara la auditoría obligada, que debió consistir en desentrañar la información y documentación recabadas. De esa cuenta, Guerra prescindió de la respectiva auditoría para adoptar su decisión. Sin duda, una actitud oficiosa, opaca y sospechosa.

Lo anterior sin perjuicio de que la resolución dictada por Guerra, omitiendo la necesaria auditoría, deviene nula de pleno derecho y no suerte efectos jurídicos, lo que obliga a los magistrados del TSE a anularla sin más trámite.

Por cierto, Guerra actualmente ocupa el cargo que desempeñó el Licenciado Miguel Enrique Solís Rojas durante 18 años (de marzo de 1996 a marzo de 2014) con responsabilidad y honorabilidad.

Cabe recordar que Solís Rojas, como Director General del Registro de Ciudadanos del TSE, en tres diferentes oportunidades, no inscribió la candidatura presidencial del exmilitar golpista Efraín Ríos Montt, en aplicación del artículo 186, literal a), de la Constitución, que prohíbe optar al cargo del Presidente a “el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno”.

Por otro lado, con motivo de las elecciones presidenciales celebradas en el año 2011, Solís Rojas tampoco inscribió la candidatura presidencial de Sandra Torres (UNE), quien previamente se había divorciado de su esposo Álvaro Colom, a la sazón Presidente, con la pretensión de burlar la Constitución. El respectivo rechazo se fundamentó en el artículo 186, literal c), de la Constitución, que prohíbe optar al cargo de Presidente a los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad del Presidente. La resolución de Solís Rojas fue confirmada por el TSE, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad.

Como podrá advertirse, el Licenciado Manuel Enrique Solís Rojas, gracias a su impertérrito carácter y entereza, resistió con coraje y apego al Derecho las presiones e intimidaciones políticas; e, indudablemente, se comportó como un verdadero guardián de la legalidad político electoral en Guatemala.

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