Jueves 15 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Ni por encima de la Constitución, ni “casi”…

Así como tampoco se debe acusar, y mucho menos juzgar, por razones de oportunidad o conveniencia.

 

— Acisclo Valladares Molina
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 Por encima de la Constitución Política de la  República, el pacto de paz social que existe entre nosotros, no existe ley como tampoco  convención o  tratado internacional alguno,  sea cual sea el tema del que traten  y – muchísimo menos –  entidad o acto de autoridad que lo estuvieren.

El tema lo deja clara y terminantemente zanjado la propia Constitución en su artículo 204: Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia observarán, obligadamente, el principio de que la Constitución Política de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado.

 ¿En qué resoluciones o sentencias es que ordena la Constitución que  prevalezca  este principio?

 En todas las resoluciones o sentencias puesto que  a todas se refiere.

 ¿Qué tribunales de justicia deben observarlo?

 Absolutamente todos,  puesto que a todos se lo ordena.

 ¿Sobre qué leyes o tratados es que prevalece la Constitución de la República?

 Sobre todas las leyes y  tratados, traten de lo que traten,  puesto que el mandato constitucional no hace distingo alguno y,  en consecuencia,  prevalece  sobre todos los  tratados y convenciones incluso en materia de derechos humanos.

 La ley, es la ley.

 ¿Qué ocurre si un tribunal no observa que la Constitución prevalece sobre todas las leyes y tratados?

 Que el tribunal, prevarica. En otras palabras que incurre en el delito de prevaricato: dictar por culpa o dolo resoluciones contrarias a las leyes, incurriendo, también, en el delito de resoluciones contrarias a la Constitución: Tan claro como eso.

 El artículo 204 es el único que se refiere a la jerarquía de la Constitución y la establece por encima de cualquier ley o tratado en tanto que el artículo 46 se refiere a la jerarquía de estos últimos cuando  en materia de derechos humanos consagrando su primacía sobre todas nuestras normas, incluso sobre las contenidas en leyes constitucionales,  pero no sobre la Constitución de la República, existiendo un artículo específico, el 204, que es el que único regula la jerarquía de la Constitución con respecto a todas las normas: todas, sin excepción alguna.

 Por si quedara alguna duda piénsese que  son dos  las únicas formas por las cuales  la Constitución puede reformarse, una a través de Asamblea Nacional Constituyente  y, la otra, por votación calificada del Congreso de la República y ulterior Consulta Popular, no existiendo una tercera: “A través de tratado o convención internacional en materia de derechos humanos” y si un tratado o convención no puede reformarla, mal podría ser superior a la misma: Inconstitucional, como lo es,  todo cuanto se le oponga o tergiverse.

El poder, sea cual sea, tiende a ensoberbecer a las personas  siendo  muy raro aquel que logra sobreponerse a la difícil prueba y –así-  sentirse o creerse por encima de la Constitución,  o “casi”,  solamente puede caber en la cabeza de alguien que, incapaz de vencerla, haya sucumbido.

 Acusadores y jueces -sin excepción- se encuentran sujetos a la Constitución y demás leyes y su acusación y juzgamiento, en consecuencia, deben de ser necesariamente ajenos a la oportunidad y conveniencia, criterios políticos que nada tienen que ver con lo jurídico.

 No se acusa porque sea oportuno o conveniente sino porque procede de conformidad con la ley y no se hace cuando sea oportuno o conveniente sino cuando debe hacerse y, de igual forma, los jueces no deben atender para aplicarlas si su aplicación es conveniente u oportuna.

 Si el caso concreto encaja en la norma, se aplica así como si algo vulnera la Constitución, se excluye.

 Jugar con la aplicación de la ley sometida a si conviene o no aplicarla, prostituye la ley y, de igual forma la acusación penal.

 No son tres meses sino tres días los señalados por la ley para acudir a quien deba conocer de un antejuicio, repugnante su postergación para satisfacer fines mediático u otros fines.

De igual forma que no se implantan pruebas para fundamentar la acusación tampoco se ocultan para sostenerla, graves tentaciones, la implantación y el ocultamiento,  a las que con gran facilidad sucumben  los fiscales.

 Se precisa de mucha integridad para vencerlas.

 Decisiones políticas en cuanto a lo que se debe acusar y a quienes hacerlo, no caben en el Estado de Derecho y aquel  que propone o que hace componendas de este tipo, si las hace una vez, podrá hacerlas siempre.

 La amenaza de actuar, si no se accede a lo pedido, llámesele como se le quiera llamar, constituye delito.

El poder, también agota…

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