Domingo 21 DE Julio DE 2019
Opinión

Mandato de una Constituyente

La soberanía radica en el pueblo.

 

Fecha de publicación: 21-08-17
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

El pasado 4 de agosto se instaló una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela, cuyos 545 integrantes fueron designados así: 364 por una cuestionada votación municipal (de candidatos no postulados por partidos políticos), 173 por sectores sociales (trabajadores, pensionados, estudiantes, consejos comunales, campesinos y pescadores, empresarios y discapacitados) y ocho por comunidades indígenas. O sea que es una asamblea de carácter municipal, sectorial y comunal, calcada en la integración de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, que no es producto directo de la voluntad popular. Por tanto, es una suerte de estructura política que responde a un claro dirigismo oficialista.

El poder constituyente es la voluntad suprema, legítima y soberana del pueblo, que permite a este autogobernarse y fundar y organizar un Estado que garantice a los habitantes la vida, la integridad personal, la libertad, la seguridad y la igualdad, que se rija por leyes justas y cuyo fin supremo sea la realización del bien común.

La ANC, por mandato del pueblo, redacta la Constitución, que es la normativa suprema del Estado, que contiene los derechos humanos fundamentales y programáticos, los principios y valores democráticos y republicanos, así como las funciones y competencias de los principales órganos e instituciones estatales. Sin embargo, la ANC no es el pueblo, sino que está integrada por representantes del pueblo, con un mandato predeterminado. De esa cuenta, los constituyentes, por principio, están sujetos a la Constitución vigente y no tienen funciones ilimitadas e indeterminadas. Por el contrario, sus actuaciones y funciones no pueden exceder de los límites previstos en el respectivo mandato ciudadano. En dos platos, el pueblo no les extiende un cheque en blanco.

En ese contexto, la Constitución de Venezuela establece: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Asimismo, la Constitución de Guatemala dispone que la soberanía radica en el pueblo y que el poder público proviene del pueblo.

Lógicamente, entonces, el pueblo es el que debe disponer si se convoca o no a una ANC, y quien debe establecer el mandato que cumplirá la ANC. De ahí que no son los constituyentes los que dictan su propio mandato, sino que es el pueblo el que dicta dicho mandato directamente. ¿Cómo? Pues a través de un referendo (vinculante), en el que se consulta al pueblo si debe o no convocarse a una ANC y, en su caso, cuál deber ser la misión concreta de esta, como, por ejemplo, la redacción de una reforma constitucional específica. En todo caso, el producto final de la ANC también debe someterse a referendo.

En Venezuela, en el referendo celebrado el 25 de abril de 1999 se aprobó la convocatoria a una ANC, con el mandato de que redactara una nueva Constitución, y en el referendo celebrado el 15 de diciembre de 1999 el pueblo aprobó la actual Constitución de Venezuela, redactada por la respectiva ANC.

Nuestra Constitución establece que “las decisiones políticas de especial transcendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo (referendo)”; y, asimismo, dispone que el proyecto de reformas constitucionales que apruebe el Congreso debe someterse a consulta popular vinculante. Por tanto, conforme a estos preceptos, las reformas constitucionales que redacte la ANC también deben someterse a referendo vinculante.

En todo caso, la convocatoria de la ANC que se instaló el pasado 4 de agosto en Venezuela, no fue aprobada previamente en un referendo, lo que la hace ilegítima, ni tampoco se dictó su mandato. Esto último ha dado pie a que los integrantes de la ANC, usurpando el poder soberano del pueblo, se arroguen funciones “supraconstitucionales”, extremo que desnaturaliza el Estado de Derecho, como la remoción del Fiscal General, la asunción de funciones del Legislativo, la conformación de una justiciera comisión de la verdad y demás.