Jueves 19 DE Septiembre DE 2019
Opinión

¿Hay acceso a servicios financieros?

La profundización financiera es multidimensional y, para el caso de Guatemala, no todas son malas noticias.

 

Fecha de publicación: 21-08-17
Por: Mario A. García Lara

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la conferencia Centroamérica al Día (de Copades) que tuvo lugar la semana pasada, fue que Guatemala es el país de la Región con el menor grado de penetración financiera, cuando esta se mide como el porcentaje que el crédito bancario representa respecto de la producción: el 37 por ciento en nuestro país es menor que el 42 por ciento en Nicaragua y el 44 por ciento en El Salvador, y contrasta aún más con el 58 por ciento de Costa Rica, el 60 por ciento de Honduras y, por supuesto, el 90 por ciento de Panamá.

El tema es importante porque hay una relación entre el grado de profundización financiera de un país y sus niveles de bienestar y progreso material. Así lo demuestran estudios como el del Boston Consulting Group que ha encontrado una estrecha correlación entre su indicador de inclusión financiera (el porcentaje de individuos mayores de 15 años que poseen una cuenta bancaria) y su indicador de desarrollo económico sostenible para un amplio número de países. También existe evidencia empírica de que una mayor profundización financiera contribuye a la reducción de la pobreza y de la desigualdad.

La profundización financiera es multidimensional y, para el caso de Guatemala, no todas son malas noticias. Nuestro país es uno de los que ofrece mayor acceso físico a la infraestructura financiera. Según estudios del Fondo Monetario Internacional, el número de agencias bancarias ha crecido de 18.8 por cada cien mil habitantes en 2004, a 37 en 2014 (el promedio de Latinoamérica ese año fue de 24); además, el número de cajeros automáticos en Guatemala (si bien concentrados en las áreas urbanas del país) fue de 36 por cada cien mil habitantes, superior a los 25 cajeros en promedio latinoamericano, también en 2014.

Lo que hace falta es que ese acceso físico con el que hoy contamos se traduzca en un mayor uso efectivo de los servicios financieros por parte de la población de todos los niveles de ingreso: solo el 60 por ciento de las pequeñas y medianas empresas del país maneja cuentas bancarias (el promedio en Latinoamérica es de 92 por ciento). Si bien el relativo rezago de la penetración financiera en el país refleja una serie de factores estructurales (bajo nivel de ingreso per cápita, falta de educación financiera, prevalencia del sector informal y débil Estado de Derecho), mucho puede hacerse desde el Gobierno para promover el acceso a los servicios financieros mediante el desarrollo de un marco legal, regulatorio e institucional apropiado y de un ambiente donde la información financiera fluya efectivamente.

Ya se ha avanzado, desde el ámbito regulatorio, en el diseño de una estrategia nacional para la inclusión financiera, la regulación de las microfinanzas y la emisión de normas para las transacciones con dinero móvil, pero aún resta mucho por avanzar en el campo legislativo e institucional. Es importante, por ejemplo, un marco legal (es decir, las leyes y su correcta aplicación) que proteja los derechos de propiedad y los derechos de los acreedores (sin lo cual se desincentiva el crédito y se alienta a los deudores a no pagar).

Otra reforma pendiente es la que fortalezca el (hasta ahora ineficiente) registro de garantías mobiliarias, ya que estas (que incluyen maquinaria y equipo) pueden hacer más accesible el crédito a las pequeñas empresas. También hace falta una ley de insolvencias que permita la salida ordenada del mercado y otorgue oportunidades de recuperación a las empresas en quiebra y a sus acreedores. Finalmente, un ambiente que propicie el flujo de información del mercado crediticio (especialmente mediante al funcionamiento de burós de crédito) resulta fundamental para propiciar una mayor inclusión financiera en el país.