Viernes 16 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Llegando al punto de quiebre

Saber administrar el éxito.

— Édgar Gutiérrez
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“No hemos superado el punto de quiebre contra la impunidad, el gigante herido se resiste a desaparecer… señala como persecución todo lo actuado por el Ministerio Público y la CICIG”, dijo el comisionado Iván Velásquez en un foro de la SIP en Antigua, el pasado 2 de abril. Refirió que al exponer las evidencias en los tribunales en contra, por ejemplo, de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, su presencia en los tribunales era “desafiante y burlona”.

No obstante, cien días después los fiscales comenzaron a llegar a ese punto de inflexión. El 14 de julio se ejecutaron varias órdenes de captura dentro de un caso múltiple, denominado “Corrupción y construcción”, cuyo punto de convergencia es el exministro Alejandro Sinibaldi. Varios de los señalados son empresarios reconocidos y, al menos tres, admitieron haber actuado ilícitamente, explicando el contexto del pago de sobornos y aportes de campaña. En esos días circuló una supuesta carta de Sinibaldi en la cual, en tono agresivo y despectivo, descalificaba como “sapo” al delator (su contable).

Los líderes de la comunidad “negacionista” de los ilícitos en Mariscal Zavala, y afuera, fomentan un espíritu de cuerpo ante el previsible alud de confesiones. El “negacionista” justifica su conducta pasada revistiéndola como derecho supremo, que está siendo vulnerado por resentidos. Es víctima y para no fragmentarse se introduce a una guerra sin cuartel contra sus “victimarios”, jurando venganza y jamás claudicar. Aún confía en los viejos mecanismos de la impunidad, que conoce muy bien, pues ayudó a su diseño y perfeccionamiento.

Quienes confiesan sus delitos no son “sapos” que traicionan su causa y convicción, renunciando en parte a su modus vivendi, oportunistamente. En estas circunstancias límite cabe una frontera ética. Hay una sutil pero radical diferencia entre “entregar cabezas” para salvar la propia y asumir plenamente la culpa, con los costos que acarrea. El derecho occidental ha codificado mal la confesión, denominándola “colaboración”, en referencia al propio sistema penal que, supuestamente, se fortalece al ganar condenas (indicador de eficacia). El derecho indígena lo capta mejor en su sistema de valores, pues traduce la confesión como “arrepentimiento” y genera un espacio para ejercer la libertad interior con un sentido reparador. El concepto tiene connotaciones éticas y teológicas, centrándose en el individuo e impactando en la convivencia social.

Esta es una lógica emparentada con la justicia transicional, aplicada en periodos extraordinarios, tras dictaduras, guerras civiles y holocaustos. La verdad y la justicia sirven como pedagogía social. El objetivo no es condenar victimarios sino restaurar el tejido social para edificar un nuevo contrato basado en legalidad, justicia y solidaridad. Desde luego que no toda admisión de culpa es sinónimo de convicción. Conforme avanza la legalidad se invierte el cálculo costo/beneficio. Al llegar al punto de quiebre es más costoso “negar”. Este es un signo esperanzador que, sin embargo no está libre de riesgos y amenazas. Ante la ausencia de fuerzas políticas responsables y de estadistas, la CICIG y el MP deberán aprender a administrar el éxito: aprender a apalancar, ahora sí, las reformas profundas del sistema, que jamás serían viables bajo el espíritu del “negacionismo” que nos ha dominado.

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