Viernes 21 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Guatemala: no dejar a nadie atrás

Pueblos indígenas, la otra mirada.

 

— Liliana Valiña*
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Al conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del mundo, las Naciones Unidas celebra el décimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en septiembre de 2007.

Hoy día, la Declaración es el instrumento internacional más avanzado y de mayor consenso internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, el cual fue debatido durante más de 20 años, en donde tanto los Estados como los pueblos indígenas tuvieron una participación crucial.

La Declaración reitera que los pueblos indígenas tienen derechos como pueblos y como personas, trata de reparar las consecuencias de la denegación histórica de esos derechos, que ha llevado al despojo de sus tierras, territorios y recursos, entre otras violaciones de derechos humanos, impidiendo su desarrollo a partir de sus propias necesidades y visiones.

Los derechos reconocidos en la Declaración son considerados como “los estándares mínimos para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo” (Artículo 43), incluyendo derechos a la identidad cultural, idioma, libertad de expresión, salud, educación, tierras, territorios y recursos naturales, entre otros.

Estos derechos se ejercen en el marco de la libre determinación –en virtud del cual los pueblos indígenas tienen el “derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones” (Artículo 5) así como de participar y ser consultados en la toma de decisiones, “a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado” (Artículo 19).

En el momento histórico de la adopción de la Declaración, el Estado de Guatemala votó a favor y reconoció públicamente que representa “una guía genuina para contribuir a mejorar las condiciones de vida, tanto individuales como colectivas, de los pueblos indígenas”.

Diez años después, la Declaración sigue siendo en Guatemala una guía para enfrentar los desafíos que aún persisten. La semana pasada, durante su visita al país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enfatizó sobre los altos niveles de desigualdad en términos de salud, educación y distribución de ingresos que afectan particularmente a pueblos y mujeres indígenas.

En mi experiencia de trabajo en América Latina, he observado que uno de los principales retos de los Estados es cambiar la estructura de desigualdad prevaleciente en la región, en donde generalmente son los pueblos indígenas los más afectados, disparidad que se acentúa más en las niñas y mujeres indígenas.

Guatemala no es la excepción. Los índices de desigualdad muestran esta realidad. Por ejemplo, según la Encovi, el 59.3 por ciento de la población vive en situación de pobreza y el Instituto Nacional de Estadística estima que casi cuatro de cada cinco personas indígenas se encuentran en pobreza; esto a pesar de que la tasa de crecimiento económico del país en relación al PIB, proyectada para 2017, es del 3.7 por ciento.

La desigualdad, así como el racismo y la discriminación, también limitan el acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación para el ejercicio de la libertad de expresión y el desarrollo de sus radios comunitarias. En Guatemala persisten barreras para el efectivo acceso de los pueblos y las mujeres indígenas a la justicia ordinaria, con pertinencia lingüística y cultural.

Este panorama nos llama a trabajar conjuntamente para erradicar esas condiciones sobre la base de un compromiso de desarrollo sostenible como lo plantea la Agenda 2030, que asegure una Guatemala inclusiva, sin dejar a nadie atrás.

*Representante en Guatemala de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

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