Viernes 16 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Consulta sobre Belice

— Editorial
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La semana pasada, el Congreso aprobó el Acuerdo 22-2017, mediante el cual se faculta al Organismo Ejecutivo para que, “en forma inmediata”, presente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la solicitud para celebrar una consulta popular sobre el acuerdo especial para someter el diferendo territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), suscrito por los gobiernos guatemalteco y beliceño el 8 de diciembre de 2008.

Si queda ratificado dicho acuerdo especial, en consultas populares celebradas en ambos países solicitarán a la CIJ “que determine, de conformidad con las reglas aplicables del derecho internacional según se especifican en el Artículo 38 (1) del Estatuto de la Corte, toda y cualquier reclamación legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios, que declare los derechos de ambas Partes en los mismos y que determine la línea fronteriza de sus respectivos territorios y áreas”. Asimismo, las partes aceptarán como definitivo y obligatorio el fallo de la CIJ, y se comprometerán a cumplirlo y ejecutarlo íntegramente y de buena fe.

Conforme nuestra Constitución, dicho acuerdo especial deberá ser sometido por el Congreso a consulta, como está previsto en el acuerdo. La pregunta que se formulará a la población será: “¿Está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la CIJ para su resolución definitiva y que ésta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las Partes?”

La CIJ deberá juzgar y resolver conforme al Derecho Internacional Público y no “ex aequo et bono” (de acuerdo con lo correcto y lo bueno), es decir conforme sea más equitativo en el caso concreto, que habría preferido Guatemala. Sin embargo, entendemos que esta pretensión no cuajó en las negociaciones.

Por otro lado, si una de las poblaciones no ratifica, en consulta popular, el referido acuerdo especial, éste quedaría sin efecto jurídico alguno, por lo que se espera que ambas poblaciones, de buena fe, se pronuncien a favor de someter el indicado diferendo territorial a la resolución de la CIJ y poner fin al litigio centenario, que ha mantenido una relación tirante entre ambos Estados, desde que Belice se independizó de Gran Bretaña, en 1981.

La consulta popular en Guatemala tendrá un costo de Q300 millones y, conforme la Ley Electoral y de Partidos Políticos, tanto los partidarios del “SÍ” como los partidarios del “NO” deberán tener iguales oportunidades en la respectiva campaña electoral y el TSE deberá ser garante de esta igualdad.

En el pasado se han celebrado dos procedimientos consultivos en Guatemala, casualmente para ratificar o no reformas constitucionales aprobados por el Congreso. La primera consulta popular se celebró el 30 de enero de 1994, bajo el gobierno de Ramiro De León Carpio (1993-6), en la que ganó el “SÍ”, por lo que la propuesta de reformas constitucionales fue aceptada e incorporada a la Constitución. La segunda consulta popular se celebró el 16 de mayo de 1999, bajo el régimen de Álvaro Arzú (1996-2000), en la que ganó el “NO”, por lo que la propuesta de reforma constitucional derivada de los Acuerdos de Paz no fue aceptada ni se incorporó a la Constitución.

Todo está listo entonces para la consulta popular sobre la propuesta de resolución del diferendo territorial entre Guatemala y Belice a cargo de la CIJ. Queda pendiente la fecha que señale el TSE.

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