Miércoles 14 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Represión brutal en Venezuela

— Editorial
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El pasado lunes, después de que la autoridad electoral anunció el resultado de la votación llevada a cabo el domingo 30 de julio, el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, en un acto televisado, afirmó que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), electa a rajatabla (con una concurrencia de menos del 15 por ciento de los electores) y que supuestamente se instalará el jueves 3 de agosto, tomará el control absoluto en Venezuela y que esta adoptará medidas inmediatas contra integrantes de la asamblea legislativa, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, los dirigentes de la oposición política y medios de comunicación privados, a los que acusó de “censurar las elecciones” de la ANC.

La ANC se instalará con 545 miembros, de los cuales 364 fueron electos en las votaciones amañadas celebradas el domingo pasado, supuestamente en representación de los territorios en los que está dividido el país, en tanto que 181 integrantes provienen de ocho sectores identificados por el Ejecutivo: Trabajadores, campesinos (y pescadores), estudiantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, pensionados, empresarios y comunas (y consejos comunales).

Maduro aseguró que la ANC “levantará la inmunidad parlamentaria a quien haya que levantarla”, en alusión a los diputados de la oposición política, atacará a la “burguesía parasitaria”, en referencia a los empresarios, y defenestrará a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, “para que haya justicia”. “Llegó la Constituyente a poner orden”, expresó Maduro, y anticipó: “Algunos terminarán en una celda, bajo el mando de la justicia necesaria”. “Se acabó el sabotaje de la Asamblea Nacional”, dando como un hecho que la asamblea legislativa será disuelta.

Las protestas callejeras contra el régimen de Maduro, iniciadas el 1 de abril de este año, han dejado un saldo de, por lo menos, 125 asesinados y miles de heridos, torturados y detenidos. Esto sin perjuicio de que decenas de miles que han abandonado el territorio de Venezuela a través de la frontera con Colombia.

 El pasado martes, los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes habían sido excarcelados y dejados bajo “arresto domiciliario”, fueron detenidos nuevamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Venezuela, que es la policía secreta del régimen chavista, equivalente a la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba, bajo el régimen castrista, y al Ministerio para la Seguridad del Estado (STASI), bajo el régimen totalitario de Erich Honecker en la República Democrática Alemana, que se derrumbó tras la caída del Muro de Berlín en 1989. Esto se ha interpretado como el inicio de la renovada represión que el régimen de Maduro impulsará contra opositores y disidentes.

México, Colombia, Panamá, Chile, Argentina, Costa Rica, Perú, Paraguay, Canadá, Suiza, España, Gran Bretaña, la Unión Europea, la OEA y los EE. UU., entre otros, no reconocen la ANC en Venezuela; en tanto que Cuba, Nicaragua, Rusia y El Salvador sí reconocen la ANC. Esto se traduce en un potencial aislamiento internacional del régimen de Maduro, cuyos principales jerarcas han sido sancionados a título personal.

Esta crisis política en Venezuela ocurre en medio de una catástrofe humanitaria, derivada del desabastecimiento de alimentos y medicinas, de la inflación galopante y del empobrecimiento generalizado de la población.

Por otro lado, la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, ha revelado que la constructora brasileña Odebrecht pagó a funcionarios venezolanos US$30 millardos en sobornos por contratos de construcción de 11 grandes obras de infraestructura, y que, en breve, citará a funcionarios, exfuncionarios y parientes de estos, extremo que ha enfurecido a los chavistas.

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