Jueves 21 DE Febrero DE 2019
Opinión

Postulación de candidatos a magistrados del TSE

Se pretende el retorno al Registro y Consejo Electorales.

 

— MARIO FUENTES DESTARAC
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Sostengo que la decisión adoptada por los constituyentes (1985) de no incorporar en la Constitución al Tribunal Supremo Electoral (TSE), como órgano estatal encargado de la función y jurisdicción electoral, ni la determinación de su integración y el proceso de postulación y elección de sus magistrados, y, por el contrario, consignar dichas regulaciones únicamente en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), ha dado pie a que los políticos, a través de la reforma de dicha ley, puedan manosear la institucionalidad de TSE e, incluso, menoscabar la independencia e imparcialidad de sus magistrados.

Por ejemplo, a través del aumento del número de candidatos a magistrados del TSE en la nómina que debe elaborar la respectiva Comisión de Postulación, los políticos han pretendido tener más chance de colar a aspirantes menos propensos a garantizar la neutralidad política de la autoridad electoral. Originalmente, en la LEPP se establecía que la nómina de candidatos a magistrados debía contener 20, o sea el doble del número de magistrados a elegir (10); sin embargo, mediante la reforma de la LEPP este número se elevó a 30 candidatos y, posteriormente, a 40, de los cuales los diputados, obviamente con una mentalidad político partidista, eligieron a los actuales magistrados del TSE.

En todo caso, cabe advertir que el espíritu detrás de la creación de la Comisión de Postulación de candidatos a magistrados del TSE, integrada por cinco miembros provenientes de la academia y del gremio de abogados, fue precisamente que la misma seleccionara a candidatos capaces, idóneos, honrados y, sobre todo, sin vinculaciones político-partidistas, entre los cuales el Congreso, con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes de sus diputados, eligiera a cinco magistrados titulares y cinco suplentes del TSE. Sin duda, dicha comisión es una suerte de tamiz y limitación a la potestad del Congreso.

La satanización mediática de las comisiones de postulación, integradas con representantes de la academia y de los gremios de profesionales universitarios, también ha descalificado a la postuladora de candidatos a magistrados del TSE; y, por tanto, en un proyecto de reforma de la LEPP, que actualmente se discute en el Congreso, se propone que la elaboración de la nómina de candidatos a magistrados del TSE esté a cargo de una comisión política integrada por diputados de cada uno de los partidos políticos representados en el Congreso.

Esto último, aunado a la pretensión de sujetar al TSE a la supervisión, control y fiscalización del Congreso, supondría, ni más ni menos, el retorno al Registro y Consejo Electorales, previstos en la Constitución de 1965, integrados por designados del Congreso, del Ejecutivo y de los partidos, que consumaron los fraudes electorales en los setenta y ochenta.

Por otro lado, también se propone la adopción de la discrecional “tabla de gradación”, prevista en la malhadada Ley de Comisiones de Postulación, en lugar de exigir una evaluación objetiva de los aspirantes, a través de un procedimiento de selección por oposición, que, por cierto, está previsto en la Constitución para la designación de magistrados de las Cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones, aunque la Corte de Constitucionalidad festinadamente se ha resistido a respetarlo y acatarlo, extremo que ha dado lugar a la discrecionalidad y al subjetivismo en el seno de las postuladoras, lo que ha redundado en el descrédito de estas.

En mi opinión, el TSE debería ser elevado a rango constitucional, junto con las provisiones de la obligada selección por oposición de los magistrados del TSE y que la respectiva postuladora de candidatos tomara decisiones por mayoría calificada y no por mayoría absoluta, entre otras.

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