Martes 20 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Tragedia en el río Bravo

— Editorial
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El miércoles pasado, murieron ahogados cuatro de los 11 guatemaltecos (tres mujeres y un hombre) que intentaron cruzar el río Bravo, entre los EE. UU. y México. Según informaciones de prensa, tres guatemaltecos se encuentran desaparecidos y cuatro fueron rescatados.

El pasado fin de semana, diez migrantes indocumentados (entre ellos un guatemalteco) murieron a bordo de un camión que fue localizado en Texas, EE. UU., en el cual podrían haber viajado entre 70 y 200 personas hacinadas.

Sin duda, estos son dos trágicos sucesos que enlutan a la sociedad guatemalteca y ponen en evidencia, una vez más, los grandes sacrificios, incluso sobrehumanos, que llevan a cabo nuestros compatriotas con tal de mejorar sus condiciones de vida, a base de esfuerzo y trabajo.

Las redadas y deportaciones masivas de centroamericanos se han venido recrudeciendo en EE. UU. a raíz de la psicosis que se ha desatado como consecuencia de los atentados del Califato Islámico (ISIS) perpetrados en Europa y EE. UU., así como de la escalada antinmigrante impulsada por el gobierno estadounidense del presidente Donald Trump, quien ha insistido en la necesidad de la construcción de un muro en la frontera entre los territorios de EE. UU. y México.

Por cierto, los guatemaltecos no gozan del Estatuto de Protección Temporal (TPS), que es un beneficio migratorio otorgado por EE. UU. a ciudadanos de países afectados por tragedias naturales o conflictos armados, para que puedan residir y trabajar en territorio estadounidense, sin temor a ser deportados o encarcelados por falta de documentación legal.

Cabe recordar que los ciudadanos salvadoreños, hondureños y nicaragüenses han venido gozando del TPS, ya que sus gobiernos lo gestionaron a raíz del paso del huracán Mitch, que azotó el territorio centroamericano del 22 de octubre al 5 de noviembre de 1998 y causó estragos en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. El régimen guatemalteco, presidido por Álvaro Arzú (1996-2000), fue el único de los cuatro gobiernos centroamericanos que se abstuvo de gestionar y obtener el TPS.

El gobierno guatemalteco, como consecuencia de las tormentas Stan y Agatha, así como de los terremotos en San Marcos, solicitó, con urgencia, al gobierno estadounidense el TPS para nuestros conciudadanos. Sin embargo, dicho gobierno no lo concedió.

Ojalá que después de las referidas tragedias el gobierno guatemalteco retome la gestión del TPS para nuestros compatriotas y que demande de las autoridades estadounidenses un trato humanitario para los          guatemaltecos que, con todo el derecho que tienen a mejorar sus condiciones de vida, se internan en territorio estadounidense en busca de trabajo. ¿Qué delito hay en esto?

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