Miércoles 26 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Sin efecto nombramiento de gobernadores

— Editorial
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El Artículo 227 de la Constitución establece que el gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador nombrado por el Presidente, deberá reunir las mismas calidades que un ministro de Estado y gozará de las mismas inmunidades que este, debiendo haber estado domiciliado durante los cinco años anteriores a su designación en el departamento para el que fuere nombrado.

Asimismo, la Constitución dispone que en cada departamento habrá un consejo departamental que presidirá el gobernador y que estará integrado por los alcaldes de todos los municipios y representantes de los sectores público y privado organizados, con el fin de promover el desarrollo del departamento. Conforme la Constitución, el Consejo Departamental de Desarrollo tiene a su cargo la formulación de las políticas de desarrollo urbano y rural, así como la de ordenamiento territorial. En la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural se consignan las funciones específicas de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural.

La Ley del Organismo Ejecutivo establece las funciones de los gobernadores departamentales, entre ellas, las siguientes: a) Representar en su departamento, por delegación expresa, al Presidente; b) Presidir el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural; c) Velar por la efectiva ejecución del presupuesto de inversión asignado a su departamento y realizar el seguimiento y evaluación de dicha ejecución, para lo cual, el Ministerio de Finanzas deberá remitir oportunamente la información que corresponda; d) Propiciar e impulsar el pronto y eficaz cumplimiento de las políticas y acciones generales y sectoriales del gobierno central; e) Velar por la efectiva coordinación de las políticas de los municipios y de las entidades autónomas y descentralizadas que operen en su departamento, de acuerdo con la política general del gobierno y, en su caso, con las políticas específicas del ramo o sector que corresponda, todo ello sin menoscabo de la autonomía municipal; f) Informar a los ministros sobre faltas, incumplimiento de deberes u otras acciones de los funcionarios y empleados públicos que afecten la prestación de los servicios a cargo del gobierno central y de sus entidades descentralizadas y autónomas; g) Atender los requerimientos de la población, siempre y cuando sean de beneficio comunitario; h) Nombrar y remover a funcionarios y empleados de la gobernación departamental, así como administrar sus recursos humanos, conforme la Ley de Servicio Civil; i) Emitir los instrumentos técnicos y normativos internos que aseguren la eficiente y eficaz administración de la gobernación departamental; j) De-sempeñar las funciones del ramo del interior que expresamente delegue en los gobernadores el Ministro de Gobernación; k) Atender y resolver los trámites administrativos; l) Rendir informe mensual al Presidente sobre las anomalías o deficiencias en el desempeño de las dependencias y entidades públicas que tienen presencia en su departamento;

y m) Ejercer en su departamento el control y supervisión de la Policía Nacional Civil, bajo las directrices del Ministro de Gobernación.

La Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto el Acuerdo Gubernativo # 4, en el que el presidente Jimmy Morales nombró a 16 gobernadores departamentales, bajo el argumento de que el presidente Morales no se ajustó a lo que dispone el Artículo 42 de la Ley del Organismo Ejecutivo, que dice: “Los gobernadores departamentales titulares y suplentes serán nombrados por el Presidente de la República, tomando en consideración los candidatos propuestos por los representantes no estatales del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural respectivo (…)”, que, por cierto, no es compatible con lo que ordena el Artículo 227 de la Constitución.

En todo caso, “tomar en consideración” no significa que el Presidente deba nombrar al gobernador entre los candidatos propuestos por los representantes no estatales del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural.

¿Judicialización de la política?

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