Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Nuevo Procurador de los Derechos Humanos

— Editorial
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El Congreso eligió como nuevo Procurador de los Derechos Humanos (PDH) al abogado Augusto Jordán Rodas Andrade de la nómina de tres candidatos propuesta por la Comisión de Derechos Humanos del Organismo Legislativo. Los otros dos candidatos propuestos por dicha Comisión fueron los abogados Ricardo Alvarado Ortigoza y Claudia López David, esta última actual Subprocuradora de los Derechos Humanos.

De conformidad con nuestra Constitución, el PDH es un comisionado del Congreso para la defensa de los derechos humanos, dura en el cargo cinco años y cuenta con un presupuesto que le asigna el Congreso.

Son funciones del PDH: 1) Promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental, en materia de derechos humanos; 2) Investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas; 3) Investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona, sobre violaciones a los derechos humanos; 4) Recomendar privada o públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo objetado; 5) Emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales; y 6) Promover acciones o recursos, judiciales o administrativos, en los casos en que sea procedente; entre otras.

Han ocupado el cargo de PDH, antes que Rodas Andrade, los abogados Gonzalo Menéndez de la Riva, Ramiro De León Carpio, Jorge Mario García Laguardia, Julio Arango Escobar, Sergio Morales Alvarado y Jorge De León Duque (actual PDH). Es decir que Rodas Andrade será el séptimo PDH bajo el actual orden constitucional.

Sin duda, la responsabilidad que pesará sobre los hombros de Rodas Andrade es enorme, sobre todo en estos tiempos en que se registra una espiral de violaciones de los derechos a la vida, a la integridad personal, a los derechos de seguridad (personal, acceso a la justicia, de defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia, condiciones de privación de libertad, inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones, etcétera) y a las libertades fundamentales, así como el incumplimiento de parte del Estado de sus obligaciones constitucionales de garantizar la salud, la educación, la alimentación, transporte público, la electrificación y la vivienda, entre otras. Se espera que el nuevo PDH también proteja y defienda la garantía del amparo, que se pretende restringir hasta la virtual anulación.

Deberá ser motivo de especial preocupación, atención, evaluación y pronunciamiento del nuevo PDH el fortalecimiento de las instituciones del sector justicia, la efectividad de la garantía de acceso a la información pública, la censura oportuna y pertinente de los abusos de autoridad y notorias ilegalidades en el sector público, la altísima conflictividad derivada de la presencia del crimen organizado, los ataques y agresiones contra la prensa independiente, así como los esfuerzos en función de la armonía y la paz social.

Dados sus antecedentes en pro de los derechos humanos, se espera que el nuevo PDH demuestre, desde un inicio, independencia de criterio, serenidad, carácter y firmeza, y que no dude en recurrir ante instancias internacionales para hacer valer sus diagnósticos, denuncias, apreciaciones y recomendaciones.

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