Viernes 24 DE Mayo DE 2019
Opinión

Es una norma inconstitucional ¡Increíble pero cierto! la que “sustenta” el fallo constitucional sobre el asunto

La ley ordinaria o bien, la mala “interpretación” de la misma, somete el nombramiento de los Gobernadores Departamentales, a unos requisitos que la Constitución no establece.

 

Fecha de publicación: 22-07-17

En la Constitución Política de la República –el pacto de paz social que establecimos para regir entre nosotros– dejamos claramente establecido que el Presidente de la República tendría la potestad de nombrar a los Gobernadores Departamentales, funcionarios que se encuentran sujetos a los mismos requisitos y a las mismas prohibiciones que los Ministros de Estado y que gozan de sus mismas preeminencias.

El Gobernador Departamental es la cabeza del Organismo Ejecutivo en su Departamento y un funcionario político por excelencia cuya designación deriva de aquel que fue electo.

Nada dice la Constitución que el Presidente tenga que considerar las recomendaciones de persona o de grupo alguno para que pueda ejercer la potestad constitucional que le compete pero una ley ordinaria vino a establecer que lo hiciera, tal la “interpretación light” de la norma.

¿Dónde establece la Constitución requisito semejante?

El colmo sería –y ya apunta hacia ello la “interpretación”– que el Presidente tuviera que nombrar a uno de los propuestos pero –aunque no se llegue a ese extremo– ya es igualmente inconstitucional que tenga que considerarlos.

¿A cuenta de qué un procedimiento semejante, si la Constitución no lo establece?

Es como que si una ley ordinaria viniera a establecer que la Corte de Constitucionalidad, para nombrar a su personal, tuviera que atenerse a las ternas propuestas por las personas o grupos que le ordene el legislador o que, al menos, tuviera que

“considerar” a los propuestos.

¿A cuenta de qué, si la Constitución no lo ordena?

Este laberinto jurídico en que nos vamos sumergiendo –laberinto cada vez más enredado y más profundo– es el resultado inevitable de juzgar por “ocurrencias”, muy culpable la prensa mediocre que lo aplaude.

Es la lógica consecuencia del abandono del rigor del silogismo jurídico, sustituido este por “inspiraciones” profanas o divinas –ocurrencias y criterios de oportunidad y conveniencia– léase políticos –que en la aplicación de la ley (bien dice la Fiscal General que no puede ser de derechas o izquierdas) constituye la negación misma del Derecho.

¿Derecho? ¿Lo que conviene a la revolución, al aplicarlo? ¿Lo que conveniente al hacerlo para la seguridad del Estado? ¿Lo que es oportuno para las actividades económicas

(olvidémonos del comiso, por ejemplo)?

¿Aplicación del Derecho sometida a la oportunidad o conveniencia? ¡La negación misma del Derecho!

¡Hágase cuanta política se quiera hacer para la creación de la norma e invóquese para esa creación cuanta oportunidad y cuanta conveniencia puedan parecernos pero ¡Por favor! no se venga a aplicar la norma, cuando ya establecida, según le parezca o no oportuna o conveniente al juzgador.

Por aplaudir estas incoherencias –este divorcio que se va dando cada vez más y con mayor gravedad entre los juzgadores y el silogismo jurídico– vamos minando la posibilidad de un Estado de Derecho.

¿Dónde dice la norma que pueda suspenderse un recurso de exhibición personal por estimarse peligroso celebrarlo? Sin embargo, tal el “criterio” de una Juzgadora.

¿Dónde dice la norma que represente al Estado quien no sea el Procurador General de la Nación?

Y, sin embargo, lo viene haciendo, sin más, todo hijo de vecino teniendo como consecuencia que por no observarse la norma que la hace recaer, única y exclusivamente, en el Procurador General, fueron celebrados los distintos Pactos Colectivos y, así, los contratos. (Todos celebrados por quienes carecían de representación alguna para hacerlo y, en consecuencia, para obligar al Estado)

 ¿Dónde la norma que establezca que tengan validez los dictámenes de los asesores jurídicos del Estado sin el visto bueno del Procurador General?

 Y, sin embargo, por no observar la norma que lo exige, la Torre de Babel en que vivimos: Cada rinconcito del Estado acuartelado y sumergido en sus muy peculiares “criterios”, carente el Estado de cualquier unidad jurídica y los administrados sometidos a la incertidumbre, las arbitrariedades y el absurdo.

 Víctimas los administrados y los propios gobernantes de los “criterios” y ocurrencias –si graves en la administración– muchísimo más graves en los tribunales de Justicia.

¿Qué dice la Constitución con respecto al nombramiento de los Gobernadores”.

Gravísimos también los “criterios” y las “ocurrencias” legislativas en contra de lo que la Constitución establece, el Consejo del Ministerio Público, su más claro esperpento.

¿Criterios? ¿Ocurrencias? ¿Y por qué no, mejor –sin tanta pirueta– sin más pero sin menos – lo que manda la ley?

(Continuará…)