Viernes 24 DE Noviembre DE 2017
Opinión

Notoria parcialidad de la autoridad electoral

— Editorial
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En recientes declaraciones, el Secretario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), abogado Leopoldo Guerra, expresó que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) no fue sancionada con multa ni cancelación por el TSE, a pesar de que los auditores del TSE identificaron hallazgos que señalaban que dicha organización política reportó que tenía una deuda de Q24.3 millones con cinco empresas del grupo Albavisión, no obstante que los respectivos medios de comunicación informaron que no existía tal deuda. En los documentos de descargo que presentó la UNE, los contadores de Albavisión cambiaron su versión y dijeron que sí existía deuda, porque anteriormente no se habían incluido los saldos vencidos que estaban en morosidad.

Otra de las anomalías identificadas en el financiamiento electoral de la UNE fue que ese partido ocultó los nombres de quienes financiaron el pago de US$68 mil a una empresa dedicada a alquiler de helicópteros, pero el hallazgo fue desvanecido, porque, según Guerra, el partido comprobó que dichos pagos correspondían a una liquidación de dólares que habían sido recibidos en efectivo.

Cabe recordar, asimismo, que, a mediados del año 2015, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en un comunicado oficial, expresó: “Durante la administración de Álvaro Colom operaron por lo menos dos estructuras de financistas que se beneficiaron con el ejercicio del poder: a) Gloria Torres: Una de las estructuras de corrupción más cercanas a la Presidencia fue la que construyó la hermana de la entonces esposa del presidente, Sandra Torres. La señora Gloria Torres, quien fue una de las fundadoras de la UNE y tuvo a su cargo la organización del partido. Ello le permitió relacionarse con todos los candidatos a alcaldes y alcaldes en funciones de esta organización; y b) Obdulio Solórzano Montepeque: Lo que se presenta es la participación de un presunto miembro de un grupo dedicado al narcotráfico en posiciones importantes de gobierno. Solórzano, financista de la UNE, fue postulado y electo en 2003 y por este mismo partido, como diputado por Escuintla; a principios del gobierno de Álvaro Colom, fue nombrado director de Fonapaz. Su gestión al frente de esta entidad estuvo caracterizada por denuncias de corrupción”.

A los magistrados titulares del TSE no les tembló el pulso para imponer multa a FCN-NACIÓN y para cancelar las inscripciones de las organizaciones políticas CNN, PP y Líder, pero a la UNE la dejan sin sanción alguna, a pesar de los graves señalamientos relacionados.

Sin duda, los magistrados propietarios del TSE no son imparciales y han perdido credibilidad.

De esa cuenta, habrá que ponerle muchísima atención a las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que los magistrados propietarios del TSE intentarán proponer al Congreso, porque estos ya no son confiables. Ya que varias de las anteriores reformas a la LEPP, que están vigentes, dejaron mucho que desear, como hemos señalado en este espacio.