Viernes 24 DE Noviembre DE 2017
Opinión

La clave para unas cortes independientes

En los países civilizados, la renovación de los más altos tribunales se realiza escalonadamente.

 

— Mario A. García Lara
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Las tres cortes de justicia más importantes del país tienen graves dificultades para cumplir con su trabajo de impartir justicia de manera pronta y cumplida. La Corte de Constitucionalidad –CC-, ante diversos episodios de vacío político ha caído, cada vez con más frecuencia, en la tentación de emitir resoluciones que parecen exceder el marco puramente jurisdiccional, para incursionar en aspectos legislativos o ejecutivos. Por ejemplo, en su más reciente sentencia relacionada con las consultas a las comunidades indígenas, la CC trata de salir del laberinto en que la propia CC sumió al país con sus sentencias anteriores sobre este tema, y se atreve a dar lineamientos que cuasi legislan dichas consultas y conmina al Congreso para emitir una ley sobre la materia.

La Corte Suprema de Justicia –CSJ-, por su parte, muestra síntomas aún más graves: con alguno de sus miembros sujetos a enjuiciamiento y con severas dudas sobre su idoneidad, preside un sistema de justicia evidentemente ineficaz e inaccesible a la ciudadanía. Su reciente y muy polémica resolución de amparo que suspende las operaciones de la minera San Rafael, bajo pretexto de proteger a comunidades indígenas –que se dice no existen en el área afectada-, ha perjudicado seriamente la actividad económica y generado desempleo en el municipio afectado.

Y, finalmente, el Tribunal Supremo Electoral –TSE-, luego de mostrar una inusual valentía al cancelar el año pasado dos partidos políticos moribundos (el PP y el Líder), este año ha estado agonizando y dubitativo sobre la suerte de otros dos partidos, bastante más vivos (el FCN y la UNE), a quienes resolvió castigar sus infracciones con una multa que algunos expertos califican de timoratas. El resultado de todo esto es un grave deterioro de la certeza jurídica y del clima de inversión en el país.

Hay un factor común a la CC, la CSJ y al TSE que explica en gran medida su insatisfactorio desempeño: su falta de independencia. Y la principal causa de esta falta de independencia radica en la manera en que se integran y renuevan los tres plenos de magistrados. Tenemos el peor sistema posible cuando los plenos de estos altos tribunales se renuevan totalmente y a cada cierto tiempo de muy corta duración. Esto genera los incentivos más perversos para que los grupos de interés (incluyendo las mafias) centren todos sus esfuerzos en cooptar y corromper los procesos de elección de magistrados.

En los países civilizados, la renovación de los más altos tribunales se realiza escalonadamente; el periodo de duración del mandato de los magistrados es relativamente largo y cada nuevo magistrado se elige individualmente. Esto le otorga no solo estabilidad y continuidad a la gestión de dichos tribunales (lo que los hace más eficientes), sino que aísla los procesos de renovación de las cortes dificultando que estos sean contaminados y cooptados por las mafias y los grupos de interés.

Si una reforma al sector justicia es crucial y urgente en Guatemala, es aquella que asegure una efectiva independencia de jueces y magistrados lo cual implica, necesariamente, reformar la Constitución (en el caso de la CC y de la CSJ) y la Ley Electoral (en el caso del TSE) para que la elección y renovación de los plenos de magistrados se haga de manera escalonada (preferiblemente de forma individual). Solo así se podrá tener magistrados que impartan justicia con independencia absoluta respecto de los otros poderes del Estado y, especialmente, respecto de los grupos de interés económico (especialmente de las mafias) o ideológico (especialmente de los partidos políticos), lo cual es crucial para generar certeza jurídica, bienestar y progreso en el país.