Lunes 17 Julio 2017
Opinión

El futuro del Estado mafioso

Quienes deciden están desorientados.

 

— Édgar Gutiérrez

La estructura de poder político que fraguaron con desbordado optimismo el PP y Lider, está básicamente intacta, y aupada por un número significativo de agentes económicos de gran peso y enorme influencia. Aunque enfrentando obstáculos, sigue vigente el proyecto de perpetuación del Estado mafioso que han venido desvelando desde 2015 el MP y la CICIG, respaldados por la comunidad internacional (decididamente los EE. UU.) y a quienes se han unido las cabezas de la SAT, PDH, Contraloría, algunos jueces y magistrados de distintas Cortes, un puñado de diputados y de empresarios.

El Estado mafioso ejerce su poder mediante la corrupción y la captura de instituciones estratégicas, en una relación simbiótica con el crimen organizado y guardando en lo posible las formas democráticas. Hay quienes medran de esa condición de Estado y la mayoría de agentes económicos, sociales y políticos que necesitan directa o indirectamente un vínculo con la estructura de poder político, están obligados a someterse a sus reglas no escritas de corrupción, si quieren seguir a flote. Esta es la franja social que inclinará el futuro, pero está desorientada.

La estructura fraguada sigue vigente porque sus actores principales y secundarios dominan los hilos de las instituciones y han tenido éxito relativo en ralentizar los procesos judiciales. El presidente Jimmy Morales está enteramente en sus manos y lo convirtieron con enorme facilidad en tranca detrás de la puerta y en una materia política tan inestables como impredecible, aunque como operador (junto a su círculo) es notoriamente inhábil. En todas las instituciones públicas –incluyendo las de vanguardia, como el MP, no digamos el resto- mantienen sus redes durmientes u operando a bajo perfil, listos para dar el zarpazo.

En el Congreso dominan la mayoría de un Pleno asustadizo porque a decenas de sus integrantes les pueden destapar los pies de un momento a otro. Asustadizo, pero con hambre prolongada de proyectos corruptos de inversión para recuperar, en algunos casos, gastos millonarios de campaña y a la vez colmar la expectativa de hacer crecer sus activos, como ha sido costumbre. De ahí la urgencia de reformar los artículos 97 y 100 de la Ley de Presupuesto, en correspondencia con el interés del Ejecutivo de liberar los candados. La cuestión es quién da el primer paso, para, en todo caso, quemarse y salir del brazo juntos.

La estructura mafiosa –varios de cuyos hilos surgen desde Mariscal Zavala- apuesta a la parálisis reformista para recomponerse plenamente. Las reformas constitucionales, en su plan, deben estar ancladas (aplicándoles adobado) para que la Comisión de Postulación nomine dentro de unos meses a seis candidatos explícitamente comprometidos con aflojar los casos emprendidos desde 2015 y re-direccionar la persecución penal desde el MP con fines de vendetta política e ideológica. La segunda generación de reformas a la Ley Electoral también, previsiblemente, permanecerá en el limbo para desalentar opciones de renovación del poder político en 2019.

Esa es la apuesta para evitar el fracaso del Estado mafioso y la renovación de sus redes, pero no necesariamente les van a salir las cuentas. Por eso entre sus cabecillas y quienes medran de ese sistema se moldea una posición intransigente y hasta temeraria para romper por las malas la tendencia que los acorrala y desgrana. Pero también –y no forzosamente como opción contradictoria- están quienes apuestan a mediatizar la justicia con fórmulas de gobernanza, sacando esencia de la escuela gatopardista: si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie.