Viernes 24 DE Noviembre DE 2017
Opinión

Derecho de defensa

Ambas partes deben estar en igualdad de condiciones.

 

— MARIO FUENTES DESTARAC
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Defenderse supone la actitud que adopta una persona para protegerse, preservarse, resguardarse o exculparse de cualquier señalamiento, imputación o ataque contra ella o contra sus derechos y bienes. La defensa propia frente a la agresión es la conducta más elocuente.

Asimismo, el derecho de defensa es aquella facultad irrestricta e inalienable que tienen las personas de defenderse ante un tribunal de justicia idóneo, independiente e imparcial de cualquier reclamo, acusación o incriminación, en el marco de un debido proceso, es decir de un procedimiento legal que garantice la igualdad procesal (igualdad de condiciones y oportunidades para las partes) y el principio de contradicción (contradictorio), que se traduce en una suerte de confrontación de persuasiones o de razonamientos, fundamentados en pruebas y contrapruebas, argumentos y contraargumentos, en función de que el juzgador dirima el conflicto de intereses entre las partes con ecuanimidad.

El debido proceso exige que el juzgador mantenga un equilibrio entre las partes, para que ninguna de ellas se encuentre en una situación de desventaja, debilidad o indefensión frente a la otra.

En el proceso penal acusatorio debe existir un efectivo equilibrio entre las partes acusadora y defensora. Bajo ningún concepto el juez debe privilegiar a la acusación sobre la defensa, ni a ésta sobre aquélla. Ambas partes deben estar en igualdad de condiciones, comenzando por el acceso a la información obtenida de la investigación. El juez debe permanecer neutral y, por ende, no debe favorecer ni perjudicar a las partes durante el proceso. Tampoco debe dejarse intimidar o influir por las partes, porque esto lo convertiría en un funcionario parcial y no confiable para resolver en derecho.

Por otro lado, en el sistema penal acusatorio, vigente en Guatemala, se impone al Ministerio Público (MP), como parte acusadora, la carga de la prueba, es decir que corresponde a éste investigar y probar sus imputaciones contra el acusado, con el fin de levantar el velo de la presunción de inocencia que lo beneficia. El juzgador, después de dar todas las oportunidades a la acusación y a la defensa de hacer valer sus puntos dentro del proceso, emite su veredicto y condena o absuelve al imputado. Este sistema privilegia la oralidad y la publicidad.

En el sistema penal inquisitivo, por el contrario, el juez hace causa común con el MP, por lo que simultáneamente investiga, acusa y juzga. En este sistema imperan el secreto y el intercambio por escrito. Rigió en Guatemala hasta 1994.

El debido proceso garantiza medios de defensa ordinarios específicos que están a disposición de las partes, así como una doble instancia, para que otro tribunal, de mayor jerarquía, revise lo actuado o la decisión final del juez de primera instancia. Incluso, después de agotadas las instancias, las partes tienen derecho a pedir la revisión de los fallos ante un tribunal extraordinario de casación en casos de violación de ley, interpretación errónea o aplicación indebida.

Las partes también pueden hacer uso irrestricto del amparo judicial, la garantía de defensa constitucional por excelencia, durante la tramitación del proceso penal, para la restitución oportuna de sus derechos fundamentales (defensa, debido proceso, presunción de inocencia, tutela judicial eficaz, igualdad, legalidad, independencia e imparcialidad del juzgador, prejudicialidad, acceso a la justicia), cuando sean amenazados o violados.