Sábado 17 DE Noviembre DE 2018
Opinión

Liberación de los presos políticos

— Editorial
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El pasado domingo, la oposición política en Turquía, a través de una masiva manifestación, llamada Marcha de la Justicia, a la que asistieron cientos de miles de personas, demandó del régimen de Recep Tayyip Erdogan, de corte autoritario islamista, el restablecimiento de los derechos fundamentales, la recuperación de la institucionalidad democrática y la liberación de los presos políticos.

Asimismo, cabe destacar que el sábado pasado se cumplieron cien días desde que la oposición política en Venezuela llamó a la población a permanecer en las calles en demanda de la apertura de una canal de suministro de medicinas y alimentos de primera necesidad, la restitución de las funciones de la Asamblea Nacional –AN– (en cuyo seno la oposición política tiene las terceras partes de las diputaciones), la depuración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (controlados por el oficialismo chavista), la convocatoria a elecciones generales anticipadas, la celebración de un referendo popular que determine si se convoca o no a una Asamblea Constituyente (que reforme la Constitución) y la instalación de una Constituyente sectorial, controlada por el oficialismo (que decrete una nueva Constitución), entre otras.

El régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reprimido con brutalidad las protestas en su contra, al extremo que, a la fecha, han muerto violentamente más de 90 personas y miles han resultado heridas. La semana pasada, turbas chavistas, afines al régimen de Maduro, irrumpieron en la AN y golpearon a diputados, funcionarios, empleados y visitantes, causando a varios graves lesiones, y el TSJ se apresta a remover de su cargo a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien adversa la instalación de la Constituyente sectorial el próximo domingo 30 de julio y ha solicitado la revisión de las penas de cárcel impuestas a dos alcaldes de la oposición, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, así como del activista Lorent Gómez Saleh.

A su vez, el gobierno de los EE. UU. ha demandado la excarcelación de los presos políticos en Cuba (con cuyo gobierno se detuvo el proceso de normalización de las relaciones política y económica), Venezuela y Corea del Norte, sobre todo después del encarcelamiento y muerte de Otto Warmbier, el estudiante estadounidense de 22 años que estuvo preso en Corea del Norte durante 16 meses y, pocos días antes de fallecer, el régimen totalitario norcoreano de Kim Jong-un, lo entregó al gobierno estadounidense en estado de coma.

Por otro lado, el sábado pasado el opositor venezolano Leopoldo López (reconocido como un Mandela Venezolano), después de haber estado preso tres años y cinco meses, bajo crueles condiciones y tratos infamantes, fue excarcelado bajo arresto domiciliario, con grillete electrónico. López fue condenado a purgar 13 años, nueve meses, siete días y 12 horas de prisión, por los delitos de “incendio de edificio público”, “daños a la propiedad pública”, “instigación a delinquir” y “delito de asociación para la delincuencia organizada”.

La liberación de López es un enigma, pero se ha interpretado como un intento desesperado del régimen de Maduro (cuyas fisuras son inocultables) de oxigenarse en medio de la profunda crisis política, económica y social que vive Venezuela. Sin embargo, la oposición política no concede tregua al régimen chavista y ha solicitado la inmediata liberación de todos los presos políticos, así como continúa con su llamado a un referendo constituyente (adversado por el oficialismo) que se celebrará el próximo domingo 16 de julio.

Sin duda, en esta era de la posmodernidad ya no se tolera la existencia de presos de conciencia ni la brutalidad de regímenes despóticos y totalitarios. En todo caso, sostenemos que la Corte Penal Internacional debe sentar precedentes categóricos y fuertemente disuasivos, para que los abusos, crueldades e infamias no se repitan.

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