Jueves 16 DE Julio DE 2020
Opinión

Inseguridad jurídica

La inseguridad jurídica se traduce en desprotección legal.

 

Fecha de publicación: 10-07-17
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

La seguridad jurídica es la certeza de las leyes, es decir el conocimiento inequívoco de las mismas, así como la previsibilidad de su aplicación invariable y eficaz.

En el marco de la seguridad jurídica las personas adquieren derechos, contraen obligaciones y adoptan actitudes en razón de un evento pasado o futuro, a la luz de la vigencia y aplicación de regulaciones públicas, claras y ciertas.

De suerte que para que las personas sepan a qué atenerse, puedan planificar con miras a hacer realidad sus aspiraciones y proyectos, así como para que tengan la seguridad necesaria para adoptar decisiones y arriesgarse, es imperativo que las leyes, además de generales, abstractas y razonables, sean estables, lo que supone que sean permanentes, durables, subsistentes y de largo plazo. Asimismo, se requiere que la interpretación (sentido y alcance) y aplicación de las normas vigentes también sean ciertas y previsibles, por lo que los criterios y precedentes reiterados deberían respetarse y no cambiar abruptamente.

La modificación constante de reglas del juego, así como las variaciones en su interpretación y aplicación, provocan inseguridad e indecisión, porque los interesados simplemente no saben a qué atenerse y se sienten vulnerables.

Sin duda, las expectativas son determinantes en el proceso económico. Si las expectativas de los agentes económicos son de corto plazo, debido a que las reglas del juego pueden cambiar de súbito o fácilmente, o su interpretación y aplicación pueden variar insospechadamente, las decisiones que adopten tenderán a ser cortoplacistas, cautelosas y adversas al riesgo, extremo que, obviamente, afectará negativamente la inversión, la contratación, el ahorro y el consumo.

Por el contrario, si las expectativas de los agentes económicos son de largo plazo, sus decisiones también serán de largo aliento y los alentarán a aprovechar oportunidades y asumir riesgos con mayor atrevimiento.

En Guatemala, los agentes económicos saben que las reglas del juego no son estables, y que las mismas pueden variar hasta el absurdo e, incluso, hasta lo demencial. También dichos agentes afrontan el problema de que la interpretación y aplicación de las normas vigentes son imprevisibles, al extremo de tornarse antijurídicas, antojadizas y arbitrarias. Inequívocamente, esta incertidumbre jurídica no favorece el emprendimiento, la inversión productiva, la innovación, la diversificación ni la creación de fuentes de trabajo.

Indudablemente, no puede haber certeza en un ambiente en que las normas (fundamentales y ordinarias) y las instituciones pueden cambiar drásticamente de la noche a la mañana, sobre todo aquellas que protegen la propiedad privada, regulan la contratación y los términos de intercambio, gravan impositivamente el patrimonio y las rentas de los contribuyentes, castigan y penalizan acciones u omisiones, así como en donde la mutación constante de los criterios de interpretación y aplicación de los preceptos constitucionales y legales redundan en costos imprevistos y generan aversión a asumir nuevos riesgos y emprendimientos.

La incertidumbre jurídica se traduce en pérdida de credibilidad y confianza en la justicia oficial, en la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones estales y en la percepción de ausencia de protección legal e indefensión, porque las personas no saben a qué atenerse y son rehenes o víctimas del abuso de poder, de la demagogia, de la injusticia, del irrespeto, del expolio, de la confiscación, de la criminalización arbitraria y de la opresión.