Lunes 24 DE Septiembre DE 2018
Opinión

¿Fábrica de pobreza o paraíso de inversión? Pt. 1

Atesoro muchos recuerdos con mi padre. Uno de mis favoritos, de hace 20 años, es cuando viajábamos juntos sobre las históricas locomotoras de vapor de Guatemala. A mi padre le ilusionaban mucho estos recorridos, porque le recordaba la época dorada del tren de la que tanto hablaba mi abuelo. Mi padre soñaba con un sistema de riel reactivado, lamentablemente este tren nunca prosperó.

— Salvador Paiz
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Henry Posner III, originario de Pittsburgh, Pensilvania y presidente de Railroad Development Corp., vio el potencial de la red ferroviaria de nuestro país. Posner arriesgó su capital para revivirla y en 1997 lo logró. Su compañía firmó un contrato de 50 años con nuestro país para operar Ferrocarriles de Guatemala (Fegua). Pero, el gobierno del presidente Portillo hizo lo imposible por resistir el desarrollo de este proyecto. Derivado de esa resistencia activa, Posner se vio obligado a clausurar Fegua en 2007. Seis años después, un tribunal internacional declaró que el gobierno de Guatemala impuso injustamente el cierre del ferrocarril, por lo que nuestro país tuvo que pagar una multa de US$14.6 millones. En una declaración, Posner dijo: “la pérdida del ferrocarril por segunda vez es una tragedia nacional”. Sin duda, tenía razón. De haber prosperado, hoy tendríamos un sistema costo-eficiente de movilización para personas y productos.

Hoy la historia se repite con un inversionista canadiense. Para nuestra suerte, vivimos en un país con un alto potencial minero. Según el Banguat es uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía. Pero el sector minero es conflictivo y rechazado. Hoy me quiero referir al insólito caso de la Mina San Rafael. Solo del 2014 a la fecha, la minera generó más de Q1,000 millones al Estado en concepto de impuestos, regalías y aportes voluntarios. Además, benefició a más de 25 mil personas por medio de sus programas de desarrollo social y empleó directamente a más de 1,600. Todo esto parece ser ignorado por un grupo de personas que se han empeñado en oponerse a esta industria “por defensa al pueblo”, aduciendo una supuesta representatividad de personas Xincas que habitan en el municipio de Nueva Santa Rosa, en Santa Rosa. Curiosamente, según un reportaje de República.gt, no existe ni una sola persona de esta etnia en este municipio.

Esto es una aberración jurídica. Pareciera que los guatemaltecos estamos tan obstinados en declararle la guerra a las inversiones, que ni siquiera existe preocupación por ver si hay mérito en los argumentos de las víctimas. En todo el mundo, un Estado de Derecho eficaz protege de toda injusticia, es decir, vela por la certeza y seguridad jurídica. Ese es el fundamento para garantizar la paz y el desarrollo. No obstante, pareciera que nuestro sistema de justicia está lejos de ser un actor imparcial que vela por una justicia ciega, pronta y cumplida. Sino que se convierte en un actor que hoy dicta política económica, cuya única prisa es declararle la guerra a las inversiones y al empleo, para así zambullir a la población en la pobreza. No hay claridad de cómo serán aplicadas nuestras leyes, es más, regresamos a cuestionar hasta si las leyes son aplicables y para quiénes.

Los casos de las mineras, las hidroeléctricas y el ferrocarril, nos demuestran que estamos siendo muy efectivos en convertirnos en una fábrica de pobreza. ¿Quién está decidiendo por nosotros? ¿cómo fueron designadas esas personas que han decidido declararle la guerra a la inversión en nuestro nombre? Con el comportamiento y resoluciones de las cortes, ¿qué mensaje les estamos enviando a los actuales y potenciales inversionistas que creen en nuestro país? ¿qué loco entonces quisiera arriesgarse por nuestro país cuando se somete al capricho de algún par de locos y las cortes, en lugar de brindarles certeza, los atacan frontalmente? ¿acaso no existe tal cosa como certeza jurídica en Guatemala?

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