Viernes 15 DE Noviembre DE 2019
Opinión

La Corte Suprema de Justicia cortó de tajo lo que constituía un absurdo

Y, así, el antejuicio que fuera promovido en contra del Presidente de la República, fue rechazado in limine, lo que significa, desde el inicio mismo: sin más.

Fecha de publicación: 24-06-17
Por: Acisclo Valladares Molina

Rechazado, tal y como debe rechazarse todo aquello que carezca de fundamento y máxime cuando resulta obvio –grotesco, incluso– el uso mediático que se hace de los casos, tal y como ocurrió con este antejuicio –la gota que derramó el vaso– ya que el Ministerio Público retuvo en su poder la denuncia que le fuera presentada por los diputados Sandra Morán y Leocadio Juracán desde el 14 de marzo de 2017 hasta el recién pasado 13 de junio ¡90 días! fecha en que convino a sus fines mediáticos presentarla, la misma en que hacía escandalosas capturas de funcionarios de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la Nación ¡Luz, cámara, acción! todo para evidenciar una “eficiencia” que, por manipulaciones como esta, va cayendo en entredicho y ya no solo la eficiencia sino incluso –esto es sumamente grave– la propia buena fe.

¿Noventa días para trasladar una simple denuncia a la Corte Suprema de Justicia? ¡Por favor! ¿Retardo culpable o retardo malicioso?

El uso mediático de los casos ¡Cuidado! al borde mismo del delito.

Las responsabilidades de este retardo malicioso o culpable debe deducirlas el propio Ministerio Público, promoviendo la pertinente acusación penal.

El agua derramada, ya no se recoge y el daño internacional que se le hizo a Guatemala, recogida por otros la noticia que fuera fabricada, es irreparable, viniéndose a sumar a otros daños causados con otros escándalos de parecida magnitud.

En este caso los diputados estaban muy en su derecho de presentar la denuncia presentada, tal y como puede hacerlo cualquier ciudadano puesto que a todos nos asiste el derecho de petición y de libre acceso a la justicia, incluso para plantear absurdos pero el Ministerio Público no tenía derecho alguno de retenerla –retardo culpable o malicioso– en función de los fines mediáticos que se propuso alcanzar con la misma.

El antejuicio, magnificado además por alguna prensa, se situó justo a tiempo, en medio de dos viajes de Estado –las “casualidades” no existen– y minó la trascendencia de lo actuado en Francia por aquel que representa entre nosotros la unidad nacional y comprometió –mediáticamente– el otro viaje a
realizarse.

La denuncia de los diputados pudo ser traslada por el Ministerio Público a la Corte Suprema de Justicia el propio 17 de marzo –“pase a la Corte Suprema de Justicia”– y la Corte, el lunes 19 de marzo, hubiera podido rechazarlo, sin más, pero eso –actuar correctamente, actuar de buena fe y con la ley en la mano– claro está, no hubiera tenido ningún interés mediático…

¿Quién tomó la decisión de retener la denuncia de los diputados? ¿Quién la de retardar culpable o dolosamente su remisión a la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién incurrió en delito para alcanzar el fin mediático?

Ni la CICIG, ni el Ministerio Público, tienen queja alguna en contra del Ministro o del Ministerio de Gobernación y mal podrían tenerla cuando les han servido en el más estricto cumplimiento de sus funciones, funcionario y ministerio que dependen directamente del Presidente de la República y en tal sentido cabe afirmar con absoluta propiedad que el irrestricto apoyo que han recibido del Ministro y del Ministerio de Gobernación lo han recibido del Presidente de la República.

¿Qué más compromiso el del Presidente de la República en apoyo de la CICIG y del Ministerio Público que este indiscutible apoyo?

¿Más cerca –públicamente– uno y otros en la lucha en contra de la impunidad, como importante mensaje?

No es fácil pedirlo de aquel que es agredido mediáticamente, como se le ha agredido con este antejuicio, consumados delitos, incluso, para darle ese único valor, el del escándalo.

Ajeno ha estado el Presidente de la República –tal y como debe ser– a las investigaciones y proceso en contra de su hijo y de su hermano pero ello no quiere decir que no se percate del uso mediático que se ha hecho del caso –la escandalosa e innecesaria captura del hermano– y la noticia servida a la prensa internacional, “hijo y hermano del Presidente de Guatemala capturados por corrupción”, además de escandalosa, falsa, el hijo jamás capturado, presentado voluntariamente al tribunal como lo hubiera hecho el hermano, actitudes correctas, pero no mediáticas.

Ajeno al proceso el Presidente, como debe ser, pero no por ello sin percatarse que se ha ocultado la información que demuestra que hubo un fraccionamiento de compra pero no fraude alguno, fraccionamiento, además, no perpetrado por ninguno de los dos y sin que hayan tenido de este beneficio alguno.

Ajeno al proceso pero no por ello sin percatarse de la mediática persecución, fin que en el caso del absurdo antejuicio ha quedado al descubierto.

Bien hacen las autoridades de poner hechos en quienes corresponde y, así puestos, dejar que estos realicen su trabajo sin hacer ya comentario alguno, tal lo que actúan funcionarios de bien, para bien del Estado.

Vale la pena que las instituciones se hagan – todas – un buen examen de conciencia.

El Derecho debe servir los fines de la justicia y no aquellos de los escándalos mediáticos.