Lunes 19 Junio 2017
Opinión

¡Y dale con la amparitis!

Autoridad que no abusa se desprestigia.

 

— MARIO FUENTES DESTARAC

Quienes sostienen que en Guatemala hay “amparitis”, que se asume como un presunto “abuso del amparo” por parte de las personas cuyos derechos fundamentales son amenazados o violados por las autoridades y funcionarios, lo que en realidad pretenden es que el amparo sea restringido o pierda eficacia.

La suposición de que las personas abusan del amparo en la defensa de sus derechos, equivale a decir que ellas hacen un uso excesivo o exagerado de esa singular garantía de efectividad de los derechos de las personas, afirmación que es esencialmente perversa, porque las personas tienen derecho a defenderse, con todos los medios legítimos a su alcance, del ejercicio del poder público, que siempre es propenso a extralimitarse y a coartar los derechos de los gobernados.

De suerte que lo que abunda es el abuso de poder, que se traduce en actos de autoridad que amenazan y violan los derechos de las personas comunes y corrientes. ¿Quién en Guatemala no ha sido víctima del abuso de poder y de las notorias ilegalidades del funcionariado o de la burocracia en los ámbitos gubernativo, administrativo, policial y judicial? Recordemos que en nuestro medio rige aquel viejo consejo politiquero: “Autoridad que no abusa se desprestigia”.

Claro, la garantía del amparo debe hacerse valer dentro del marco de la legalidad, que establece presupuestos procesales de existencia, tales como la competencia, la legitimidad, la temporalidad, la no duplicación y la definitividad, así como asegura la prosecución de procesos y procedimientos cuando no se hubiere decretado su suspensión provisional, extremo que invalida el argumento de que los amparos retardan o entorpecen la substanciación de los procesos y procedimientos, y abona a que son las autoridades las que violan la ley.

Los partidarios de la restricción del amparo se justifican en que más del 80 por ciento de los amparos se declaran improcedentes y en que la tramitación de amparos se ha convertido en una carga de trabajo excesiva en los tribunales de amparo. Sin embargo, el solo hecho de que el 20 por ciento de los amparos se declaren con lugar, a pesar de la mentalidad restrictiva que ya impera en los tribunales de amparo, acredita, por mucho, que las amenazas y violaciones de derechos, además de ser reales, están generalizadas. De ahí que la creciente producción de amparos sea la respuesta a una necesidad de contrarrestar los innumerables e incesantes abusos y notorias ilegalidades de las autoridades. Entonces, debe reconocerse que la oferta de amparos simplemente responde a la inagotable demanda de defensa de derechos. ¿Cómo disuadir a las autoridades de que no violen los derechos de las personas?, es el gran problema. Pero esto, así como impedir el uso (¿abuso?) del amparo judicial por entidades estatales, en ejercicio de autoridad (poder soberano), que lo desnaturaliza, no está en la agenda ideológico-política de los que vociferan contra la “amparitis”.

Por otro lado, reitero que el exceso de trabajo en los tribunales de amparo no justifica la restricción normativa del amparo ni que se castigue severamente a los usuarios, ya que este problema se debe resolver con recursos humanos y financieros.

Pero no solo el amparo está bajo fuego, sino que también las impugnaciones de inconstitucionalidad, a través de las cuales se denuncian incompatibilidades entre las normas constitucionales y las ordinarias, aunque no se presentan muchas. Se pretende que se suspenda el trámite de dichas denuncias, con base en criterios relativos como la invocación de una supuesta indebida confrontación normativa o de una supuesta inexistencia de una expectativa de aplicación de la norma impugnada, así como que los abogados de los denunciantes también sean sancionados severamente, con una intención disuasiva. ¿Será que ya no quieren trabajar los togados?