Martes 25 DE Septiembre DE 2018
Opinión

Nuevas sindicaciones por el caso del hogar seguro

— Editorial
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8 de marzo de este año fallecieron quemadas 41 niñas y adolescentes, ha desembocado en nuevas persecuciones penales, específicamente en contra del presidente de la República, Jimmy Morales, así como en contra de Harold Augusto Flores Valenzuela, quien funge como jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia

de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Brenda Julissa Chamam Pacay, quien se desempeña como Jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas de la PGN, Gloria Patricia Castro Gutiérrez, actual defensora

de la Niñez y Adolescencia de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Luis Armando Pérez Borja, Subcomisario de la Policía Nacional Civil (PNC), Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, Subinspectora de la PNC, y Rocío Albany Murillo Martínez, Juez de Paz del Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala.

Contra el presidente Morales y la juez Murillo Martínez el Ministerio Público promovió antejuicio, a fin de que se les despoje de su inmunidad y que se declare que ha lugar a formación de causa penal en su contra y que se les ligue a proceso penal. Los demás funcionarios públicos fueron capturados el pasado lunes y exhibidos ante los medios de comunicación antes de ser indagados por el respectivo juzgador, a pesar de que la Constitución lo prohíbe expresamente.

Tanto el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, como la Procuradora General de la Nación, Annabella Morfín Mansilla, se mostraron sorprendidos por las súbitas detenciones de los funcionarios Harold Augusto Flores Valenzuela, Brenda Julissa Chamam Pacay y Gloria Patricia Castro Gutiérrez.

En todo caso, la persecución penal de mayor impacto es la promovida en contra del presidente Morales.

Si el Congreso, después de la autorización de la Corte Suprema de Justicia, declara que ha lugar a formación de causa penal en contra del presidente Morales, con el voto favorable de por lo menos las dos terceras partes de los diputados, este podría quedar encarcelado, ligado a proceso penal y suspenso en sus funciones presidenciales, lo que automáticamente habilitaría al vicepresidente Jafeth Cabrera a asumir como presidente en funciones.

Solamente si renuncia Jimmy Morales, Jafeth Cabrera deberá asumir como presidente, en forma definitiva, por el resto del período presidencial, y el Congreso tendrá que elegir vicepresidente de una terna de candidatos que le deberá remitir Cabrera.

En el hipotético caso de que esto ocurra, Jimmy Morales se convertiría en el cuarto exgobernante guatemalteco que va a la cárcel, después de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), Alfonso Portillo Cabrera (2000-4) y Otto Pérez Molina (2012-5).

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